Comunidad universitaria exige libertad de presos políticos durante protesta en la ULA
Profesores, estudiantes, gremios y comunidad en general se concentraron este viernes frente al Rectorado de la Universidad de Los Andes donde reclamaron por la libertad plena de todos los detenidos
Con las puertas del Rectorado abiertas a la comunidad de Mérida, la Universidad de los Andes (ULA) encabezó este 23 de enero una concentración para exigir la libertad inmediata de los presos políticos. En la jornada participaron autoridades universitarias, gremios, el Colegio de Médicos y la sociedad civil, quienes se unieron a familiares y estudiantes en la protesta.
Ante el clima de tensión política y la persecución en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, la ULA reafirmó su compromiso con los valores democráticos. «Hemos ejercido todas las acciones posibles dentro de este clima de incertidumbre, pero lo más importante es que la Universidad y el Consejo Universitario se hacen presentes en esta gesta histórica», afirmó Mario Bonucci, rector de la casa de estudios.
Los manifestantes enviaron un mensaje a la comunidad internacional en respuesta a las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez, quien se refirió a un proceso de «reconciliación nacional»: «No puede existir una reconciliación mientras haya presos políticos y falten garantías democráticas. Exigimos el respeto a los derechos humanos y a la Constitución; en Mérida tenemos más de 14 detenidos por motivos políticos y hoy exigimos su liberación inmediata», expresó el politólogo Yanfri Contreras Molina, uno de los voceros de la actividad.
Contreras enfatizó que la lucha es colectiva y mencionó a las personas que hoy son «víctimas de la opresión y la injusticia». Entre los detenidos en Mérida se encuentran Pedro Fernández, Jesús Castillo, Yones Molina, Carlos Gómez, Paulo, Edubín, Montilva, Ronald, Osmar Peña y Guillermo Segnini.
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Colegio de Médicos exige libertad de agremiados
La junta directiva del Colegio de Médicos de Mérida también se hizo presente para abogar por la libertad de sus agremiados. Su presidente, Cristian Pino Valbuena, enfatizó que el caso del doctor Pedro Fernández trasciende lo legal para convertirse en un tema de humanidad. «Pedro no es un expediente; es un hombre de bata blanca, de consultas, de responsabilidad y compromiso. No es un hombre de violencia ni de odio, sino una persona que ha dedicado su vida a proteger a los más vulnerables», expresó.
Durante el acto, Pino Valbuena, en nombre de la junta directiva del Colegio de Médicos, destacó la trayectoria del doctor Fernández y lo que representa para la salud pública local. «Cuando un médico es privado de libertad, se afecta a la sociedad en general; consulta que no se da, es una vida que corre peligro», advirtió.
La institución aclaró que su postura no busca la confrontación, sino la defensa de valores como la dignidad y la democracia, rechazando que el pensamiento crítico sea motivo de persecución.
«Desde el Colegio de Médicos afirmamos que pensar distinto no es un delito y que la conciencia no se encarcela. Queremos a Pedro Fernández y a todos los inocentes libres. Alzamos la voz con firmeza por quienes hoy no la tienen, por la medicina merideña y por la Venezuela que soñamos», concluyó.

Aparato represivo sigue vigente
La organización Foro Penal denunció la vigencia del aparato represivo que «evoca las épocas más oscuras de la dictadura en Venezuela». Fernando Zermeño, coordinador de la oenegé en Mérida, envió un mensaje desde la clandestinidad en el que relató cómo, tras la difusión pública de amenazas directas vinculadas a la denominada «Operación Tun Tun», a mediados del año pasado, se vio obligado a resguardarse para evitar una detención arbitraria.
En el mensaje leído por los organizadores de la actividad, el coordinador lamentó la situación del doctor Pedro Fernández, quien fue detenido el pasado 20 de octubre de 2025 en su consultorio.
Zermeño enfatizó que la encarcelación de Fernández no solo es injusta y cruel, sino una violación abierta a los derechos humanos que hoy moviliza al Foro Penal a exigir su libertad inmediata y plena.
Foro Penal concluyó su intervención denunciando que el sistema de persecución sigue intacto, pero que su labor de acompañamiento jurídico y humano persistirá hasta que cese el uso de la justicia como herramienta de represión.
Por su parte, José Varela, secretario general de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (Fedeve), aseguró que la juventud no dejará de insistir en la liberación de los detenidos. «Es fundamental que el Consejo Universitario eleve la petición de manera institucional ante los ministerios para acelerar el proceso de excarcelación», afirmó Varela. Asimismo, propuso mantener los espacios universitarios como centros de debate, exigencia y piezas clave para la redemocratización del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.





