Cómo proteger la vida silvestre más allá de la jurisdicción nacional, por Latinoamérica21
Autores: Milton Castillo e Irene Torres
Desde México hasta Argentina, pasando por Centroamérica y Brasil, el tráfico de vida silvestre ha dejado de ser un delito marginal para convertirse en un engranaje más del crimen organizado transnacional, íntimamente ligado al narcotráfico y otras economías ilegales. Entre 2017 y 2022, la región sufrió 1.945 casos documentados de captura y caza ilegales de especies silvestres, con un grave impacto en la biodiversidad y el bienestar de los animales.
Redes que operan simultáneamente en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia son responsables de la caza de jaguares y pumas para alimentar el mercado de colmillos y pieles, y la captura de ranas y tortugas vivas. La empresa Caza & Safari, por ejemplo, es investigada como posible centro de una de las mayores tramas de tráfico de fauna, ofreciendo abiertamente cacerías de especies protegidas en Argentina y Bolivia y, de esta manera, normalizando la violencia contra la vida silvestre.
Informes recientes sobre delitos ambientales en la Amazonía ecuatoriana confirman que la cacería y el comercio ilegal de fauna se entrelazan con actividades extractivas y redes criminales, poniendo en jaque los medios de vida de pueblos indígenas y comunidades locales. En el archipiélago de Galápagos, uno de los santuarios marinos más importantes del planeta, la situación es crítica: en 2021, las exportaciones de aletas de tiburones protegidos hacia mercados asiáticos se triplicaron hasta alcanzar 223 toneladas.
El comercio ilegal de fauna destruye los ecosistemas, afectando especialmente a especies endémicas, es decir, que solo existen en áreas específicas. En zonas marinas, subsiste impulsado por vacíos legales que permiten que la pesca incidental (bycatch) sirva de coartada para blanquear capturas de especies protegidas. Tiburones sedosos, zorros ojones y otros pelágicos están protegidos solo dentro de los límites de reservas marinas como la de Galápagos, pero cuando cruzan la frontera hacia la Zona Económica Exclusiva y el corredor de la cordillera de Carnegie, su supervivencia se reduce dramáticamente.
Proteger la nacionalidad de las especies
Al aprovechar rutas, infraestructura y redes de corrupción ya establecidas, el tráfico ilegal ha alcanzado una escala industrial de delito en lugares como el Pacífico Sur, lo que exige respuestas jurídicas innovadoras. El Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), recientemente ratificado por 83 países, ofrece una gran oportunidad para crear una alianza que proteja la biodiversidad en aguas internacionales. Sus herramientas, como la creación de áreas marinas protegidas y la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto ambiental, permiten custodiar especies migratorias y vulnerables y así combatir la explotación ilegal y el tráfico de recursos del patrimonio común del planeta.
Ecuador ha demostrado que es posible activar mecanismos penales para proteger la fauna, como cuando capturó el buque chino Fu Yuan Yu Leng dentro de la Reserva Marina de Galápagos con especies protegidas en sus bodegas. Esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Galápagos abrió la posibilidad de inspeccionar las bodegas de los barcos que merodean en la Zona Económica Exclusiva por parte de los países sudamericanos con salida al océano Pacífico. Esto revela que, de haber voluntad política, es posible que los estados cumplan con su obligación de proteger eficazmente a las especies.
El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución ecuatoriana ofrece una base jurídica innovadora que, sumada al BBNJ, potencia decididamente la protección de la vida silvestre en articulación con instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y el Acuerdo de Nueva York sobre poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios.
De hecho, el Acuerdo de Nueva York refuerza la cooperación e inspección entre Estados respecto de poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios, ampliando las posibilidades de control más allá de las fronteras estrictamente nacionales. Sin embargo, más que un problema de inexistencia de herramientas jurídicas, persisten límites políticos y económicos que dificultan que el Estado ejerza plenamente estas prerrogativas.
El concepto de nacionalidad ecológica
De la mano de las diferentes herramientas internacionales, comienza a tomar forma la idea de una nacionalidad ecológica: el reconocimiento de que las endémicas, transzonales o migratorias pueden ser objeto de una protección reforzada por parte del Estado que ha asumido jurídicamente su conservación. Esta postura permite sostener acciones diplomáticas, penales y de cooperación internacional más firmes frente a su tráfico o depredación, incluso cuando los hechos ocurran fuera del territorio nacional.
Defender a jaguares, tortugas y tiburones como nacionales del país que los protege implica repensar la soberanía, no solo como el control del territorio, sino también como la capacidad real de resguardar la vida natural. Si las redes criminales operan a escala global, la respuesta no puede limitarse a las fronteras; hace falta un derecho internacional de la naturaleza, a la altura de esa amenaza, que reivindique la universalidad de estos derechos.
