Comité denuncia traslados arbitrarios de presos políticos, entre ellos Aldo Rosso
Según sus familiares, Rosso padece «varicocele y una hernia inguinal que evolucionó a un tumor, además de un reciente episodio de sangrado urinario, fiebre y debilidad severa»
El Comité por la libertad de los presos políticos (Clippve) denunció el traslado arbitrario de presos políticos, entre ellos Aldo Rosso. La oenegé alertó sobre el riesgo que corre la vida de los detenidos con estos cambios de centros de reclusión.
«En las últimas horas se reportan traslados arbitrarios de presos políticos desde comandos policiales de Caracas hacia distintos penales del país», advirtió en sus redes sociales.
Rosso, de 70 años, estaba detenido en la sede de la PNB en La Yaguara y, según el Comité, fue trasladado -junto a otros presos políticos- a otros recintos carcelarios.
Según sus familiares, Rosso padece «varicocele y una hernia inguinal que evolucionó a un tumor, además de un reciente episodio de sangrado urinario, fiebre y debilidad severa».
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En febrero, el dirigente debió ser trasladado a un hospital para una cirugía, pero las autoridades han impedido el procedimiento, denunció la oenegé, que advirtió los riesgos para su salud al ser trasladado presuntamente al penal de Tocuyito, estado Carabobo.
«Este traslado pone en riesgo inminente su vida, pues su estado de salud requiere atención especializada que ese penal no puede garantizar. La preocupación es aún mayor porque, según antecedentes recientes, dos presos políticos detenidos en el contexto poselectoral —Osgual González y Jesús Rafael Álvarez—fallecieron en la cárcel de Tocuyito por negligencia y negación de atención médica, en circunstancias que nunca debieron ocurrir bajo custodia del Estado».
Aldo Rosso fue detenido el 4 de julio de 2024 cerca de su vivienda cuando se disponía a trasladarse a la manifestación convocada en Caracas por el inicio de la campaña electoral. Luego de seis días, donde su familia no tuvo conocimiento de dónde se encontraba, fue presentado en tribunales y acusado públicamente por el fiscal Tarek William Saab de estar vinculado a un «ataque» al sistema eléctrico.
El Comité exigió una medida humanitaria inmediata que permita su traslado urgente a un centro médico, la intervención quirúrgica necesaria y el acompañamiento familiar durante su recuperación.
Los familiares del periodista Rory Branker también denunciaron su traslado arbitrario a un nuevo centro de reclusión. El editor de La Patilla se encontraba detenido en los calabozos de la PNB en Boleíta, mejor conocidos como «Zona 7».
«Este movimiento fue realizado sin informar a sus abogados de confianza ni a sus familiares. Rory nuevamente está en desaparición forzada», señalaron en una publicación, al tiempo que recordaron que Branker tiene medidas cautelares de protección por parte de la CIDH, tras estar desaparecido por más de 200 días tras su arresto en Caracas.
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