Comité denuncia incremento de «ola represiva» y al menos 60 desaparecidos forzosos
Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, señaló que hay un «desbordamiento» de la represión, debido a la persecución y los recientes encarcelamientos de dirigentes políticos, activistas de DDHH, economistas y hasta hinchas de un equipo de futbol. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos solicitó que se permita a oficiales del Alto Comisionado y a Cruz Roja Internacional acceder a las cárceles y constatar la salud de los detenidos
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este miércoles 18 el incremento de una «ola represiva» en el país en las últimas semanas, además de al menos 60 personas en desaparición forzada.
«Queremos alertar a la comunidad internacional que no nos dejen solos. En las últimas semanas hemos tenido 60 desaparecidos y sigue la prisión política, sigue la persecución política para todos quienes piensan distinto y se atreven a alzar la voz», señaló Andreina Baduel, vocera del Comité.
La organización, que reúne a activistas y familiares de presos políticos, respaldó la denuncia hecha esta semana por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, quien expresó su preocupación por las continuas violaciones a los DDHH de los detenidos, materializados en torturas, malos tratos y falta de atención médica.
Baduel precisó que tienen al menos 60 casos de presos políticos en cárceles y comandos policiales con graves problemas de salud y que requieren atención médica especializada. «Muchos están en riesgo de muerte inminente si no se les brinda atención médica especializada y oportuna».
Otro punto que denunció la activista, cuyo hermano Josnars Baduel está detenido desde 2021, es el aislamiento de los presos políticos, cuestión que calificó como un «mecanismo de tortura» que también sufren los familiares. Detalló que 16 personas están incomunicadas en el Sebin El Helicoide (Caracas) y dos militares están aislados en el Fuerte Guaicaipuro (Charallave).
Destacó el caso de Freddy Superlano, quien lleva más de ocho meses detenido y aislado en El Helicoide. También mencionó a Pedro Guanipa, hermano del dirigente político Juan Pablo Guanipa, y el activista Jesús Armas.
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El abogado Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, señaló que hay un «desbordamiento» de la represión, debido a la persecución y los recientes encarcelamientos de dirigentes políticos, activistas de DDHH, economistas y hasta hinchas de un equipo de futbol.
«Además de la desaparición forzada, ahora quieren convertir la incomunicación en política de Estado», afirmó.
Andreina Baduel también hizo énfasis en que cuatro adolescentes permanecen detenidos por razones políticas en el país. «Les violan sus derechos humanos y son criminalizados solo por pensar distinto. Esa situación nos preocupa enormemente».
El Comité solicitó a las autoridades nuevamente que se permita el ingreso de oficiales de la Oficina del Alto Comisionado y la Cruz Roja Internacional a los distintos centros de reclusión para que puedan constatar la situación de los presos políticos.
Familiares exigen visitas y libertad
Varios familiares de presos políticos, presentes en una rueda de prensa, solicitaron a las autoridades que se permitan las visitas, accesos a tratamientos médicos y se les libere de forma inmediata a todos los detenidos que, aseguraron, no han cometido delito alguno.
Ramón Guanipa, hijo del dirigente político Juan Pablo Guanipa, señaló que hasta la fecha desconocen el paradero de su padre, aunque presumen que se encuentra detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez (Caracas).
Indicó que el martes 17 logró acudir a esta sede de la PNB, pero le dijeron que ese lugar no era centro de reclusión, pese a que dos semanas antes recibieron unas medicinas para el dirigente político en ese lugar. «Mi padre no es un criminal, así como ninguno de los presos políticos es un criminal, solo están presos por alzar su voz por un cambio, porque defendía la libertad del país. Ellos están pagando un precio por ser valientes».
Betsaida Natera, madre de Geomer Martínez, denunció que el militar –uno de los condenados por el alzamiento de Cotiza en 2019– se encuentra incomunicado desde el pasado 20 de abril en el Fuerte Guaicaipuro, luego de haber sido trasladado arbitrariamente a ese lugar en febrero desde la cárcel de Ramo Verde.
«Que no sigan los maltratos, que no sigan las torturas y que nos dejen ver a nuestros familiares, así como mi hijo, a todos los presos políticos (…) El no saber nada de nuestro familiar, de verdad es bastante fuerte», exigió.
Francis Marcano, esposa de Carlos Julio Rojas, señaló que el periodista sigue castigado en el Sebin Helicoide luego de ser agredido por otros reclusos. En una visita que le permitieron para constatar su estado, Rojas le comentó que tenía problemas con su tensión arterial.
Marcano solicitó a las autoridades que conformen una mesa de diálogo con los familiares de presos políticos para revisar cada uno de sus casos y se otorguen medidas sustitutivas de libertad. Indicó que en esta mesa deben ser tomados en cuenta los 16 periodistas detenidos actualmente en el país.
Por su parte, Emiselis Núñez, esposa del abogado Eduardo Torres, recordó que desde el 9 de mayo no han podido ver al activista de Provea. Apenas le dejan ropa y reciben algún que otro mensaje donde les indica lo que necesita. «Le pedimos a los organismos internacionales que no nos dejen solos, necesitamos que nos acompañen y sean nuestra voz».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
