Comité denuncia desaparición forzada y aislamiento de presa política Carla da Silva
Desde el pasado 5 de agosto la familia de la administradora Carla da Silva, condenada a 21 años de prisión por la operación Gedeón, desconoce su paradero. La joven se encontraba detenida en el Sebin Helicoide y supuestamente fue trasladada al INOF Los Teques. En este último lugar niegan a su familia las visitas o entregarle ropa, comida o medicinas, denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este miércoles la desaparición forzada y aislamiento de la presa política Carla da Silva, detenida y condenada por la operación Gedeón.
En redes sociales, el Comité explicó que la madre de la joven fue informada el pasado 5 de agosto sobre su traslado arbitrario y sin orden judicial desde la sede del Sebin Helicoide al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
«Desde entonces, no se ha recibido información oficial sobre el paradero ni el estado de salud de Carla. En ambos centros de reclusión –El Helicoide e INOF– se ha negado a su familia el derecho a visitarla y a hacerle llegar paquetería», señaló la organización, que reúne a familiares de presos políticos y activistas.
El Comité indicó que dicha situación «representa una violación directa al derecho de la familia a mantenerse informada y al derecho de toda persona privada de libertad a mantener contacto regular con sus seres queridos».
Asimismo, se exigió una fe de vida de la joven, que se proporcione información oficial sobre su lugar de reclusión y se garantice a sus familiares las visitas, así como el respeto al debido proceso y la integridad física y emocional de Da Silva.
Carla da Silva fue arrestada el 5 de mayo de 2020 durante una fiesta infantil en Caracas, tras comentar que conocía a uno de los implicados en la operación Gedeón, como denominaron las autoridades al intento de incursión militar en costas venezolanas.
La administradora fue trasladada a la sede de la extinta FAES en La Quebradita, donde sus familiares denunciaron que fue torturada para inculparse en dicha trama, y tres días más tarde fue trasladada al Helicoide. Fue acusada de conspiración y asociación para delinquir y condenada a 21 años de prisión en mayo de 2024 por la jueza Hennit Carolina López.
El Comité afirmó que Da Silva «es otra víctima del patrón sistemático de aislamiento y opacidad que enfrentan los presos políticos en Venezuela. Hoy su familia vive la angustia de no saber dónde está ni cómo está. Y eso también es tortura»
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