Colombia y las FARC acuerdan protocolo que prohíbe el patrullaje de las guerrillas
A través de un comunicado conjunto el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informaron que crearán un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que emitirá conceptos técnicos y redactará recomendaciones para la prevención y atención de posibles incumplimientos a lo acordado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tendrán prohibido transitar o permanecer, en cercanías a estaciones de Policía, cabeceras municipales, corregimientos y vías primarias a fin de evitar afectaciones contra civiles
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a acuerdos para establecer un protocolo de medidas contempladas para el cese al fuego pactado en el decreto 2656 del 31 de diciembre del 2022.
A través de un comunicado conjunto, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informaron que el pacto no limita las obligaciones que tiene el Ejército de «seguridad y defensa nacional» y prohíbe los patrullajes por parte de disidencias.
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En el acuerdo ambas partes incluyeron medidas de para su implementación, incluido el establecimiento de un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que emitirá conceptos técnicos y redactará recomendaciones para la prevención y atención de posibles incumplimientos a lo acordado.
En el comunicado detallaron que no se suspende el pleno ejercicio del Estado Social de Derecho, más allá de existir un cese de hostilidades con este grupo residual al mando de alias Iván Mordisco.
El gobierno de Colombia aseguró que “la fuerza pública seguirá ejerciendo sus obligaciones de seguridad y defensa nacional, así como tampoco se suspende, de ninguna manera, el ejercicio pleno de todos los poderes del Estado”.
Entre otros puntos importantes que establece el acuerdo se encuentra la prohibición al grupo de transitar o permanecer, en cercanías a estaciones de Policía, cabeceras municipales, corregimientos y vías primarias a fin de evitar afectaciones contra civiles y la inclusión de delegados del Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado y un organismo internacional que podría ser una misión de Naciones Unidas, así como países garantes.
También habrá acompañamiento por parte de iglesias como la católica y civiles acreditados. En ese orden, el protocolo tendrá un nivel local y otro nacional.
En ese orden, el pronunciamiento oficial puntualizó en que ese protocolo busca el desescalamiento de la violencia armada entre esa disidencia, el Estado y la población colombiana en función de iniciar una negociación pacífica que estaría abarcada en la política de Paz Total. También aclaró que la fuerza pública continuará operando en los territorios sin violar el cese de hostilidades y acatando los compromisos no solo en el decreto 2656, sino en los mismos protocolos.
El decreto del cese al fuego se firmó en diciembre del 2022, en el el Gobierno y las FARC se comprometieron poner pausa a sus operaciones. Afirmaron que la medida tiene como objetivo «suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico -territoriales, campesinas», reseñó Infobae
