Presentado proyecto de protección temporal a venezolanos ante Congreso español
Los diputados de la organización española solicitaron “diseñar un plan de acogida” en donde se garantice “su inserción al mercado laboral y el pleno acceso a los servicios sociales” como también sus “obligaciones con el Estado”
La organización política española Ciudadanos, a través de su grupo parlamentario, presentaron una propuesta en el Congreso de ese país, la cual busca la extensión de la “protección temporal a los exiliados venezolanos” en la península ibérica.
En dicha propuesta, los diputados solicitaron “diseñar un plan de acogida” en donde se garantice “su inserción al mercado laboral y el pleno acceso a los servicios sociales” como también sus “obligaciones con el Estado español”.
El texto también insta al gobierno de Pedro Sánchez a que promueva en la Unión Europea, la aplicación de nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás maduro y sus más cercanos colaboradores.
Dicha iniciativa, fue puesta en marcha por las parlamentarias hispano-venezolanas: María Luisa Alonso y Melisa Rodríguez.
La organización solicitó al parlamento sean activados los artículos 6 y 10 del reglamento 1325/2003 en que se basa esta protección temporal para que el Gobierno haga una “declaración general” de protección al “exilio venezolano”.
Condenar la “dictadura”
La iniciativa pide al Congreso español condenar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, “que está causando una crisis económica, política y humanitaria y que está expulsando a millones de venezolanos de su país”.
Además, solicitan pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que colabore con los 145 países latinoamericanos que han suscrito un plan de acción para la acogida e inclusión del éxodo venezolano celebrado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Denunciar a Maduro ante el CPI
Por otro lado, Ciudadanos reitera su ya tradicional petición de que España se adhiera al grupo de países que ha demandado al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad.
