Cifra de presos políticos no desciende en proporción con excarcelaciones, afirma ONG
Justicia, Encuentro y Perdón afirmó que, desde una perspectiva humanitaria, el balance de las excarcelaciones de presos políticos «es desolador». Consideran que si bien estas liberaciones representan un «alivio» para sus familias, el resto de los presos políticos observa que «su libertad depende de un azar incomprensible y no del debido seguimiento de criterios jurídicos»
El número de presos políticos que se registran actualmente en Venezuela no desciende en proporción con las excarcelaciones anunciadas el pasado 25 de diciembre y que llegaron casi al centenar, según información oficial. Así lo afirmó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un análisis hecho a las liberaciones con cautelares a decenas de privados de libertad por razones políticas.
La organización apenas pudo verificar la excarcelación de 71 de los 99 ciudadanos anunciados oficialmente por el Ministerio de Servicio Penitenciario, por lo que el número de presos políticos se ubicó en 1.041. Estas son apenas 43 personas menos que las identificadas en su último reporte del pasado 18 de diciembre.
Justicia, Encuentro y Perdón señaló que esta disparidad se debe a que, en este proceso de excarcelaciones, revisaron 28 casos que eran desconocidos por la organización aunque, en efecto, correspondían a detenciones por motivos políticos.
«Esta discordancia no es novedosa y amerita un alto importante: por cada grupo que recupera su libertad, el proceso de verificación saca a la luz detenciones de las que no se tenía información, confirmando que la magnitud de la crisis de derechos humanos en Venezuela es un objetivo en constante movimiento», puntualizó la ONG.
Asimismo, recordaron que «probablemente» el número de presos políticos en el país «sea superior del que tenemos registro, de tal manera que nuestros indicadores son referenciales».
Los presos políticos tras las rejas
De los 1.041 presos políticos que registra Justicia, Encuentro y Perdón hasta el 29 de diciembre, 877 son hombres y 164 son mujeres, la mayoría pertenecientes a la sociedad civil (532).
La organización afirmó que, desde una perspectiva humanitaria, el balance de las excarcelaciones «es desolador». Apenas dos liberados padecen enfermedades graves, de los 91 que tienen diversas condiciones de salud que requieren atención médica urgente y especializada.
A su juicio, esto expone «una indolencia sistémica frente al derecho a la vida y la salud» que se ha traducido en muertes bajo custodia del Estado.
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En prisión también permanecen dos adolescentes, de los cinco que se registraban, entre ellos el adolescente Gabriel Rodríguez (17 años), quien recientemente fue condenado a 10 años (seis en prisión y cuatro en servicio comunitario) por «terrorismo».
Entre los detenidos por razones políticas también se cuentan a 31 adultos mayores, algunos con patologías graves, quienes «continúan sometidos a un encierro que vulnera convenios internacionales».
Dentro del registro también se incluyeron a 158 personas de las que se desconoce su paradero, al igual que 42 extranjeros y 49 venezolanos con doble nacionalidad presos por motivos políticos. Tal es el caso de Merys Torres de Sequea, Yosida Vanegas, Nélida Sánchez o José Elías Torres.
En este grupo de excarcelados no se incluyó a trabajadores de la prensa, que suman 22 personas, o defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejeda o Carlos Julio Rojas. En días recientes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió la liberación inmediata de este grupo al presentar una actualización sobre la situación en Venezuela.
Excarcelaciones al azar
A juicio de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, este proceso de excarcelaciones está caracterizado «por la opacidad estratégica y una línea discrecional de selección que apunta a la aleatoriedad absoluta».
Consideran que si bien estas liberaciones representan un «alivio» para sus familias, el resto de los presos políticos observa que «su libertad depende de un azar incomprensible y no del debido seguimiento de criterios jurídicos», como lo han solicitado distintas ONG desde hace varios años.
Justicia, Encuentro y Perdón indicó que las selecciones de estas personas parecen haber obedecido para beneficiar a detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024. «Esto representa una condena adicional al olvido, de los ciudadanos sometidos durante años a prisión por razones políticas, y que en muchos casos han soportado una condena anticipada».
«El manejo errático de estas medidas ha generado un daño colateral devastador: la tortura psicológica de la esperanza frustrada. La falta de criterios claros vs la lógica de caja negra, ajena a cualquier norma de derechos humanos, ha provocado crisis emocionales y un profundo desconsuelo en los presos políticos que permanecen detenidos y sus núcleos familiares», aseveró la ONG.
Esa angustia y trauma que viven los familiares se agravaron este fin de semana. La ONG indicó que recibieron denuncias de nuevos castigos arbitrarios y aislamientos, aunque no ofrecieron mayores detalles. «Cerrar el año así, con familias rotas por la incertidumbre y presos castigados convierte estas fechas en un recordatorio de la indefensión absoluta del ciudadano frente al poder».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
