CIDH otorga medidas cautelares a Pedro Guanipa y Rafael Ramírez Colina
La CIDH señaló que Rafael Ramírez Colina y Pedro Guanipa están aislados e incomunicados de sus familiares o abogados de confianza. Ambos fueron relacionados por el ministro Diosdado Cabello a una supuesta trama conspirativa en la que estaría desviando fondos destinados al aseo urbano para una supuesta financiación a actividades de Primero Justicia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del exalcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina y Pedro Guanipa Villalobos, ex jefe del despacho de dicha jurisdicción, tras considerar que «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia» debido a su detención.
«Ambos se encuentran privados de libertad en situación de aislamiento e incomunicación, sin información sobre su estado de salud ni condiciones de detención en Venezuela», señaló la CIDH en un comunicado.
A juicio de la Comisión, bajo este escenario «existe la inminente posibilidad de que se materialice el riesgo en el actual contexto del país». Por esto, exigieron al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de ambos dirigentes.
También se solicitó permitir el contacto de Guanipa y Ramírez Colina con sus familiares y abogados de confianza, tengan pleno acceso al expediente judicial, se informe sobre la situación jurídica de ambos; y se realice «de inmediato» una revisión médica sobre sus situaciones de salud.
Pedro Guanipa fue detenido el 26 de septiembre de 2024 cuando se disponía a cruzar la frontera para trasladarse a Bogotá, mientras que Rafael Ramírez Colina fue arrestado el 1° de octubre de ese año por funcionarios del Sebin junto a su director de seguridad y otros trabajadores. Ambos fueron relacionados por el ministro Diosdado Cabello a una supuesta trama conspirativa en la que estaría desviando fondos destinados al aseo urbano para una supuesta financiación a actividades de Primero Justicia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
