CIDH condena el recrudecimiento de ataques contra la Asamblea Nacional
La CIDH advierte que la grave crisis de derechos humanos en el país está enmarcada en un contexto de estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública
Ante la profundización de la crisis política y de derechos humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al gobierno de Maduro a restituir las libertades fundamentales y los derechos humanos, restablecer la vigencia del Estado de Derecho y garantizar la inmunidad de los miembros del Poder Legislativo y la debida separación de poderes.
En este grave contexto, la CIDH recibió con preocupación las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra varios diputados de la Asamblea Nacional a quienes se levantó la inmunidad parlamentaria por supuestos delitos tales como “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada”.
En específico, ante la detención del vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, la CIDH observa que esta acción constituye una grave injerencia sobre el Poder Legislativo dirigida a obstaculizar el ejercicio de sus funciones constitucionales.
La Comisión recordó que otorgó medidas cautelares en beneficio de Juan Guaidó, así como a favor de Roberto Marrero, y el diputado Sergio Vergara. Anteriormente, ya había otorgado otras medidas cautelares dirigidas a proteger a miembros de la AN, entre ellos Julio Borges, Tomás Guanipa, Luis Florido, José Guerra, Williams Dávila y Juan Requesens.
Al condenar los ataques dirigidos a la Asamblea Nacional y a sus miembros, llamó a las instituciones del Estado a abstenerse de adoptar decisiones que afecten la separación de poderes y la democracia representativa, a respetar los derechos de los diputados, además de exigir al Tribunal Supremo de Justicia y a la asamblea constituyente a cesar sus intromisiones en el trabajo de la AN y a garantizar el ejercicio de sus mandatos constitucionales.
La CIDH advierte que la grave crisis de derechos humanos en el país está enmarcada en un contexto de estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes; la detención de personas opositoras y manifestantes; y las restricciones a libertad de expresión. En la última semana de abril e inicios de mayo al menos 5 personas, entre ellas 3 adolescentes, habrían perdido sus vidas, y 273 personas, entre ellas 19 adolescentes, habrían sido detenidas en el marco de las protestas.
La CIDH insta al Estado a cesar la represión violenta de las protestas, abstenerse de utilizar cuerpos militares, policiales especiales y grupos colectivos armados para la represión, a abstenerse de detener arbitrariamente y enjuiciar a manifestantes, a liberar prontamente los presos políticos, y a proteger la vida de las personas.
