CIDH concluyó que sí hubo «uso excesivo de la fuerza» durante protestas en Chile de 2019
La CIDH reprochó que grupos violentos atacaran espacios privados, templos religiosos, medios de comunicación e infraestructura pública en Chile
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el martes 15 de enero un informe en el que concluyó que sí hubo «uso excesivo de la fuerza» por parte de los organismos de seguridad en Chile durante las protestas que se registraron en 2019, manifestaciones que tuvieron su punto de inicio por el alza del boleto para el metro.
De acuerdo al documento citado por Europa Press, la CIDH estableció que los Carabineros y otras fuerzas de seguridad durante esas manifestaciones en Chile actuaron «de forma desproporcionada» y que hubo un alto número de violaciones a los DDHH.
«Entre ellas se destacan violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, y a la libertad de las personas manifestantes, así como otras situaciones que pusieron en riesgo la protesta social y a las personas manifestantes», dice el dossier de la CIDH.
Condenó de forma enérgica la violencia que se registró en medio de esas protestas y realizó un llamado para que las autoridades en Chile sigan aplicando medidas inmediatas que impidan que estos hechos vuelvan a ocurrir, recordando que las protestas no son amenazas al orden público sino más bien «fortalecen la participación política» y fomenta la participación ciudadana.
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Por otro lado, la CIDH reprochó que grupos violentos atacaran espacios privados, templos religiosos, medios de comunicación e infraestructura pública, repudiando cualquier hecho de violencia y enfatizando que «la protesta social es legítima en tanto en cuanto se desarrolle de forma pacífica».
En ese sentido, pidió al Estado de Chile que se investigue e imponga sanciones contra las personas que ejercieron la violencia esos días de 2019.
En octubre de 2019, los grupos de manifestantes se echaron a la calle para protestar contra el modelo económico y reivindicar uno que garantice la salud pública, la educación universal y una mejora de las pensiones. Y acusaban a la Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de haber provocado desigualdades.
De las protestas nació una Convención Constitucional, encargada de redactar una nueva Carta Magna, que la CIDH califica de «respuesta democrática ante la crisis social a través del diálogo nacional» y dice que «es un paso histórico hacia la reconciliación y una oportunidad única».
Con información de DW / Europa Press
