CDH-UCAB pide detener deportaciones y aplicar medidas de protección a migrantes
El CDH recuerda que en contextos de desastres naturales, el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a proteger y preservar el derecho a la vida y la dignidad humana de las víctimas
El Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) pidió detener las deportaciones de los migrantes venezolanos y aplicar medidas de protección para los connacionales que se encuentran en otros países.
Debido al impacto del doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio y que ha cobrado la vida de casi cuatro mil personas, el Centro de Derechos Humanos considera fundamental el apoyo para los venezolanos que están fuera del país y cuyos familiares -en muchos casos- pudieron resultar afectados con la catástrofe natural.
En el documento publicado por el CDH, se señala que la cancelación definitiva o la suspensión de las deportaciones debe realizarse por al menos seis meses. La medida, agrega, debe amparar incluso a quienes vieron sus solicitudes de asilo rechazadas antes de los sismos: «Las nuevas circunstancias en Venezuela ahora podrían justificar que tengan nuevos motivos para solicitar asilo y llegar a ser reconocidos como refugiados sur place«.
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Además de suspender las deportaciones, el CDH pide a los países conceder regulación migratoria temporal, modalidades de reunificación familiar por patrocinio, permisos humanitarios (parole) y, de forma específica en Colombia, restablecer el «Estatuto Temporal de Protección (ETPV)».
Asimismo, pide reconocer pasaportes vencidos y solicita al gobierno interino la exonerarión del pago de trámites consulares a quienes deseen regresar.
El CDH recuerda que en contextos de desastres naturales, el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a proteger y preservar el derecho a la vida y la dignidad humana de las víctimas.
Con información de nota de prensa
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
