Caso de torturas contra el venezolano Juan Pedro Lares se entregó a la Corte IDH
La CIDH aseguró que Juan Pedro Lares, hijo del exalcalde merideño Omar Lares, sufrió vulneraciones a sus derechos a la salud y alimentación, se encontraba en malas condiciones de detención, y sin acceso a visitas de su abogado, además de torturas y desaparición forzada. Esta información «no fue controvertida por el Estado»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó el caso sobre desaparición y torturas cometidas contra Juan Pedro Lares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), además de la privación de los derechos políticos de su padre, el exalcalde del municipio Campo Elías (Mérida) Omar Lares.
Según nota de prensa, el caso fue sometido el pasado 6 de julio. La CIDH recordó que en julio de 2017, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) trataron de ingresar a la casa del exalcalde, pero sin una orden de allanamiento. En el operativo se llevaron detenido a Juan Pedro Lares, quien fue golpeado, amordazado y torturado para obtener el paradero de su padre.
Lares estuvo desaparecido forzosamente hasta el 15 de agosto de 2017, cuando se conoció que estaba en la sede del Sebin conocida como El Helicoide, en Caracas. El joven fue liberado en junio de 2018, sin haber sido sometido a un proceso legal o presentación en tribunales.
Además, la CIDH aseguró que Juan Pedro Lares sufrió vulneraciones a sus derechos a la salud y alimentación, se encontraba en malas condiciones de detención, y sin acceso a visitas de su abogado. Esta información «no fue controvertida por el Estado».
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Le corresponderá a la Corte IDH evaluar la petición que realiza este órgano y decidir si acepta el pase a juicio del caso de Juan Pedro Lares contra el Estado. Venezuela desconoce las decisiones de la CIDH y el alto tribunal tras haber denunciado la Carta de la OEA en 2017.
Para la CIDH, el Estado venezolano es responsable «por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, protección de la honra y dignidad, las garantías y protección judiciales, los derechos políticos, y la libertad de circulación y residencia» de Juan Pedro Lares y Omar Lares.
Por ello recomendaron al Estado reparar integralmente todas estas violaciones, iniciar las investigaciones penales «de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable» para atender las denuncias de torturas y desaparición forzada, al igual que garantizar el retorno efectivo a Venezuela de Juan Pedro Lares y su familia si así lo deciden.
También exhortan a emitir una directiva desde las más altas autoridades «para que los funcionarios del Sebin se abstengan de cualquier práctica que constituya tortura o un trato cruel, inhumano y degradante, incluidos los actos de violencia sexual y de género», así como investigar y enjuiciar el uso de la tortura, incluso durante los interrogatorios.
