Carlos Julio Rojas cumple un año detenido y sin acceso a defensa privada
Carlos Julio Rojas fue acusado por el fiscal general de ser el «operador logístico» de un presunto atentado contra Nicolás Maduro que se realizaría el 25 de marzo del año pasado. La esposa del periodista desconoce los avances de su caso, pues el defensor público asignado se niega a dar información
La noche del 15 de abril de 2024, mientras caminaba junto a su esposa en la parroquia La Candelaria (centro de Caracas), el periodista y activista social Carlos Julio Rojas fue detenido por sujetos no identificados. Desde entonces, se mantiene detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide, sin avances en su caso o acceso a un abogado privado de confianza.
Rojas comparte celda en El Helicoide con otras 14 personas, entre ellas la persona que supuestamente lo vinculó a un supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro. Su esposa, Francy Fernández, trata visitarlo al menos tres veces por semana, además de las veces que debe ir a ese lugar para entregar la «paquetería», como se conoce a la comida, insumos personales y ropa que necesitan los detenidos.
«Ha sido un año de confrontación constante con los funcionarios que lo custodian. Les he pedido que lo alejen de su agresor que también está detenido en ese mismo lugar. Esa persona inculpó a Rojas difundiendo un video con toda esta infamia que armaron, solo para dañarlo y hacerlo preso del Estado», señaló en declaraciones a Espacio Público.
Fernández también destacó que el Estado venezolano viola la Constitución al no permitir que su abogado privado se juramente y haga parte del proceso. El defensor público asignado solo ha dado información en dos oportunidades y le dice que «no hay sistema» para no detallar los avances del caso.
Según el fiscal general Tarek William Saab, el periodista –uno de los 15 encarcelados hasta la fecha– es el «instigador» y «operador logístico» de un presunto atentado que se realizaría el 25 de marzo de ese año en Caracas, durante una actividad de campaña electoral.
«A Carlos Julio lo engañaron, porque le dijeron que estaba allí por la causa de 2015, pero después, en el tribunal, lo acusaron de magnicidio en grado de tentativa», ha dicho su esposa, al tiempo que reiteró que «es un hombre de paz y de palabra, un líder comunitario incapaz de participar en hechos violentos».
En enero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor del periodista, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.
Espacio Público exigió al Estado venezolano que «garantice su derecho al debido proceso, libertad personal y acceso a la defensa privada», al igual que se abstenga «de utilizar el poder judicial como medio de persecución contra los periodistas y defensores de derechos humanos».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
