AN investigará al director del Dgcim por detenciones y tortura a militares
Ramo Verde, Santa Ana, La Pica, las sedes del Sebin conocidas como La Tumba y El Helicoide, al igual que la sede de la Dgcim son los lugares que han sido identificados por los diputados como sitios de reclusión para los militares
La Asamblea Nacional aprobó el martes 29 de mayo investigar al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) debido a las detenciones arbitrarias, torturas y violaciones a los derechos humanos a funcionarios que han sido detenidos en los últimos meses.
En un acuerdo aprobado por la bancada opositora para rechazar la persecución a militares en el país, se especifica que la investigación de Parlamento (y que esperan llevar a instancias internacionales) va dirigida sobre el general Iván Hernández Dala; al jefe de Investigaciones, coronel José Franco Quintero y su cadena de mando.
Los parlamentarios además exigen al ministro de Defensa Vladimir Padrino López sobre la «persecución política» contra los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en las últimas semanas, y responsabilizan al Alto Mando por la “complicidad institucional” en la violación de los derechos de los presos políticos militares, así como por el irrespeto al debido proceso.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Defensa de la AN, Edgar Zambrano (Acción Democrática-Lara), afirmó que “no es un secreto que esta crisis que entró a los cuarteles nos dibuja el fracaso de ese modelo político”.
*Lea también: Diputado advierte que 150 militares han sido detenidos por razones políticas
Ramo Verde, Santa Ana, La Pica, las sedes del Sebin conocidas como La Tumba y El Helicoide, al igual que la sede de la Dgcim son los lugares que han sido identificados por los diputados como sitios de reclusión para los militares, “quienes son señalados y judicializados con un ABC montados por el servicio del G2 cubano”, refirió Zambrano.
Además, el parlamentario indicó que los delitos de traición a la patria, rebelión, motín, delitos contra el deber militar, sustracción de efectos militares son los más usados para judicializar a los funcionarios castrenses y algunos civiles “que han sido indebidamente sometidos a la justicia militar y permanecen en prisión como Gilber Caro o Renzo Prieto”.
Zambrano se preguntó dónde está el Defensor del Pueblo ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos, tanto a civiles como funcionarios “sin importar su rango”.
Por su parte, el diputado Franco Casella detalló que 150 militares de los distintos componentes de la Fuerza Armada han sido detenidos desde enero de 2018 por motivaciones estrictamente políticas.
Casella denunció que hay familiares de funcionarios que tienen más de 100 días sin poder ver a los detenidos, y algunos nunca han podido constatar su estado luego de su detención. “Hay que investigar qué sucede dentro del Dgcim”.
Tan solo el 28 de mayo, se conoció sobre el encarcelamiento de ocho funcionarios de alto rango de la Guardia Nacional y la Aviación, además de un civil, acusados de “traición a la patria, instigación de la rebelión, motín y contra el decoro militar”.
La ONG Foro Penal destacó que en los últimos meses han registrado la detención de 40 militares. Su director Alfredo Romero reiteró que en Venezuela se registra el fenómeno de “puerta giratoria”, pues mientras se liberan a algunos detenidos, se registran nuevos presos políticos, cuyo número sitúa en 357.
