Amnistía Internacional acusa a Maduro de seguir con su política de ejecuciones y torturas
Amnistía Internacional considera que en el 2021 se socavaron más los derechos de los venezolanos, y la pandemia por covid-19 solo sirvió para socavar la emergencia humanitaria compleja
Para la organización Amnistía Internacional durante el 2021 los gobiernos del mundo escogieron políticas y vías de actuación que alejan más a la humanidad “de la dignidad y los derechos”, y es que consideran que, “más que reducirse, las desigualdades sistémicas derivadas de la pandemia se reforzaron aún más”.
Así ocurrió en el caso de Venezuela, uno de los países donde Amnistía Internacional evidenció un agravamiento en los efectos causados por la pandemia de covid-19.
A su juicio, el régimen de Nicolás Maduro dio durante este período continuidad a su política de represión, y se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas, así como de otros malos tratos, aplicados en contra de personas a las que se les consideraba críticas con el gobierno.
Durante el 2021 se siguió con la práctica de la intimidación, hostigamiento, agresiones y detenciones no solo a defensores de derechos humanos, sino en contra de periodistas y activistas.
Asimismo, consideraron que el último año fue un escenario en el que se vio el empeoramiento de la emergencia humanitaria compleja, así como la violación a los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, con un sistema de salud “cada vez más debilitado y escasez de agua, gasolina, alimentos y electricidad”.
Solo durante los primeros tres meses del 2021 la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, registró más de 200 muertes a manos de fuerzas policiales, siendo uno de los órganos investigados las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), ente perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Amnistía Internacional menciona en su informe los hechos efectuados en el mes de enero en la parroquia La Vega, ubicada en la ciudad de Caracas, en el que 14 hombres murieron durante una operación de seguridad, aseguran que las circunstancias en las que se produjeron las muertes apuntan a que “podían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales”.
La impunidad está a la orden del día
Durante el 2021 la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó su profunda preocupación en relación a la voluntad del Estado en procesar a quienes se sospechaba habían cometido violaciones a los derechos humanos, recayendo sobre ellos las responsabilidades penales que se le adjudiquen.
Señalaron que, “el Estado no había adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento doméstico”.
Como respuesta, las autoridades anunciaron la creación de una comisión para la reforma del sistema judicial, sin embargo, la persona designada para dirigirla estaba entre los señalados por la Misión como probable responsable de crímenes de lesa humanidad y era representante de la Asamblea Nacional, poniendo en duda la independencia e imparcialidad del organismo.
Además, también existen casos como el del militar acusado por la muerte del joven manifestante David Vallenilla, quien murió víctima de un disparo cuando participaba en el 2017 en una protesta pacífica contra el régimen de Nicolás Maduro. En septiembre del año pasado el responsable fue absuelto del caso, sin embargo, el Ministerio Público reculó la decisión y en octubre le impuso una pena de 23 años de cárcel.
Juicios injustos
Amnistía Internacional señaló que “los procedimientos y tribunales penales seguían empleándose indebidamente para acallar la disidencia. Era habitual el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles, y también el uso de tribunales especiales contra el terrorismo”.
Indicaron que con el pretexto de las restricciones relativas a la covid-19, las autoridades prohibían a los privados de libertad recibir visitas de familiares y abogados defensores, dejándolos incomunicados y sin tiempo suficiente para prepararse para su proceso penal.
En su informe, la Misión de Determinación de los Hechos manifestó que el sistema de justicia “había jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno” y que “los efectos del deterioro del Estado de derecho se propagaban más allá de los directamente afectados, repercutían en toda la sociedad”.
Contra defensores de DDHH
Se intensificó la represión y criminalización de la sociedad civil y de quienes defendían los derechos humanos.
En enero, cinco integrantes de la organización humanitaria Azul Positivo, ubicada en el estado Zulia, fueron detenidos arbitrariamente y acusados de delitos que incluían el de “terrorismo”. Quedaron en libertad condicional en febrero, pero seguían sometidos a restricciones y enjuiciamiento al finalizar el año.
En marzo, el gobierno aprobó una norma administrativa que obligaba a las ONG locales a inscribirse ante un organismo de vigilancia “antiterrorista” y revelar información reservada y confidencial sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos y sobre su propia financiación y funcionamiento. La presión internacional llevó al gobierno a anular algunas de esas disposiciones. Sin embargo, la norma se mantuvo en vigor y las organizaciones locales se exponían a ser criminalizadas en virtud de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo si no se inscribían. Las organizaciones nacionales e internacionales interpretaron esta norma como una clara medida de represión contra el personal humanitario y quienes defendían los derechos humanos.
En julio, los miembros de la ONG local FundaRedes Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García fueron detenidos arbitrariamente por agentes del SEBIN, y acusados de incitación al odio, traición y “terrorismo”. A pesar de las numerosas solicitudes cursadas, los representantes legales de su elección no obtuvieron la acreditación necesaria para comparecer ante el tribunal. Al concluir el año, los tres estaban en espera de las primeras audiencias preliminares. Rafael Tarazona y Omar de Dios García quedaron en libertad condicional en octubre. Javier Tarazona, quien padecía un problema grave de salud que requería atención urgente, permaneció detenido.
Según el Centro para los Defensores y la Justicia, en 2021 se produjeron 743 ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, un 145% más que en 2020.
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