Misión ONU: Desaparición de Rocío San Miguel busca infundir temor a críticos de Maduro
La ONU exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos
El caso de la activista Rocío San Miguel genera preocupación a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Hechos para Venezuela, quienes denunciaron su detención arbitraria.
La abogada, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue acusada por el Ministerio Público de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, por su presunta participación en la trama denominada «Brazalete Blanco».
El abogado Francisco Cox, integrante de la Misión ONU, afirmó que la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de Rocío San Miguel y su hija Miranda Díaz San Miguel cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al gobierno de Nicolás Maduro, «haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional».
También Marta Valiñas, presidenta de ese mandato de Naciones Unidas, que investiga los casos de violación de DDHH en Venezuela desde 2014, declaró que esa acción por parte de agentes de inteligencia del Estado «no se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores».
La jurista exigió al gobierno de Venezuela proporcionar información sobre el paradero de Rocío San Miguel y todos los familiares de la activistas que están detenidos y cuyos lugares de reclusión aún se desconocen. Además, señaló que corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal.
«Las autoridades han tratado de justificar estas y otras violaciones de los derechos humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el Gobierno y altas autoridades del Estado», siguió Valiñas, en un comunicado publicado en la página web oficial de la Misión.
Por otra parte, la madrugada de este 13 de febrero, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Volker Turk, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que «su paradero (el de Rocío San Miuel) sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal».
Justo el lunes (12 de febrero) el fiscal Tarek William Saab, designado por la extinta Constituyente, informó que tanto San Miguel como su expareja Alenjandro Gonzales de Canales Plaza, oficial de la Aviación venezolana, fueron presentados ante el Tribunal Segundo de Control contra Terrorismo, sin abogados propios, lo cual ya viola el derecho a la defensa legal resaltado por la oficina del Alto Comisionado Volker Türk.
La detención de Rocío San Miguel se enmarca en las políticas del gobierno venezolano de persecución y criminalización de la labor de activistas sociales y del cierre del espacio cívico en Venezuela. Ambas políticas, tal cual y como han considerado múltiples oenegés defensoras de derechos humanos, se basan en la consideración del rol de los activistas como «enemigos internos» y presuntos ejecutores de «supuestas conspiraciones e intentos de ‘magnicidios’».
La Misión Independiente de Hechos para Venezuela, comisionada por un mandato de la ONU, ha corroborado en investigaciones anteriores que hay patrones de violaciones y crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. «Estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», dijo en 2020 la misión de Naciones Unidas.
La relación de la administración de Nicolás Maduro con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y mandatos como la Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela, la rendición de cuentas con los Grupos de Trabajo, en este caso el correspondiente a detenciones arbitrarias, ha sido casi nula.
Al menos desde 2018, el gobierno de Maduro no ha respondido las 23 opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que abarcan al menos a 119 venezolanos con o sin afiliaciones políticas claras, y cuyos arrestos fueron dictaminados como arbitrarios.
