Altas concentraciones de mercurio en ríos de Bolívar afectan zonas al sur de la entidad
La creciente actividad minera irregular en Bolívar acarrea una serie de secuelas nocivas para el ambiente y las comunidades cercanas, debido al aumento de sustancias químicas que se descargan a los ríos, especialmente el mercurio
Texto: Abelardo Rojas / Correo del Caroní
Los principales cuerpos de agua al sur de los estados Bolívar y Amazonas presentan una alta presencia de mercurio. Según el informe más reciente de la ONG Clima 21, el aumento de minas irregulares es la causa. Este material químico actúa como una neurotoxina que causa efectos graves para las personas y el ambiente.
El informe de Clima 21 señala que el mercurio tiene un uso generalizado en la minería de la región debido a que es relativamente fácil de obtener. De igual forma, apunta a que las autoridades no están haciendo el debido esfuerzo para controlar el tráfico de este peligroso material y como consecuencia ya se han reportado varios casos de intoxicación por mercurio.
La extracción minera no es un tema nuevo, ya que hay reportes de presencia de minería ilegal desde las décadas finales del siglo XX. Estas minas se ubicaban principalmente en las cuencas del río Cuyuní y la cuenca baja del río Caroní. No obstante, a partir de la segunda década del siglo XXI se produjo una rápida expansión de la actividad minera impulsada por las crisis económica y política, así como con la creación del Arco Minero del Orinoco.
Principales consecuencias de la contaminación por mercurio
Resalta el informe que la actividad minera en la Amazonía venezolana ha tenido un impacto significativo en el deterioro de la salud de las comunidades y asentamientos cercanos a los puntos de extracción auríferos. De igual forma ocasiona daños irreparables al medio ambiente de la región.
Entre los principales riesgos que acarrea la contaminación por mercurio para la salud humana se evidencian enfermedades renales, trastornos neurológicos, problemas respiratorios y hasta la muerte en casos graves de intoxicación.
El informe de la ONG también indica que en el caso de las mujeres que practican actividades mineras y están expuestas a la contaminación por mercurio, pueden ver afectada su salud reproductiva pues el químico genera infertilidad y aumenta el riesgo de sufrir abortos espontáneos; además de que en dichos ambientes enfrentan violencia y discriminación de género.
Otro punto relevante del informe es la gran cantidad de jóvenes que trabajan en las minas. Según Cecodap, organización que promueve y defiende los derechos humanos de la niñez y adolescencia, en 2016 estimó que 45% de los trabajadores de minas eran menores de edad y una proporción similar operan los molinos donde se procesa el oro.
Sobre el tema, el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (Cadh) de la Universidad Católica Andrés Bello documentó que existen más de mil niños viviendo dentro de las minas. Estas poblaciones se concentran principalmente en Guasipati, El Callao, El Dorado y Las Claritas (este último, cercano a una de las minas más grandes de la región).
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Preocupación por los pueblos indígenas
Las distintas comunidades indígenas que pueblan la zona son de los grupos más afectados por la presencia de la minería y la contaminación por mercurio. Muchas comunidades fueron despojadas violentamente de sus territorios, mientras que otras se vieron forzados a cambiar sus costumbres y actividades para dedicarse a la minería.
El principal problema que tienen estas comunidades, aparte de la ocupación de sus territorios, son los efectos de salud que provocan los residuos de la actividad. También enfrentan inseguridad alimentaria, ya que dependen de la pesca como fuente principal de proteínas y el consumo de peces contaminados con mercurio representa un riesgo de intoxicación y envenenamiento.
Ausencia de información y respuestas eficaces
Aunado a todo ello, no hay información adecuada sobre los riesgos del mercurio y medidas de prevención, situación que se agrava con la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades para abordar este grave problema.
El Estado venezolano carece de una regulación de la actividad minera, lo que deriva en la falta de aplicación de sanciones efectivas para aquellos que se dedican a esta actividad de forma ilícita.
Cabe destacar además que el Estado venezolano no ratificó el Convenio de Minamata, tratado internacional para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Esto evidencia la falta de compromiso en la protección de los derechos y la salud de la población, además del incumplimiento de un compromiso importante que puede tener implicaciones en términos de cooperación internacional, intercambio de información y acceso a recursos y tecnologías para abordar este grave problema ambiental y de salud pública. (Con información de Clima 21)
