Alimentos es el rubro favorito de 11 empresarios señalados en la trama Pdvsa-Cripto
El sector alimentos en Venezuela, que ha representado durante años una gran fuente de negocios para todas las empresas que han logrado obtener grandes cantidades de divisas preferenciales para la importación o para aquellas que han conseguido importantes y opacos contratos con el Estado, acaparó la atención de al menos 11 de los acusados en los supuestos hechos de corrupción con Pdvsa, según una investigación de la organización Transparencia Venezuela
Al menos 26 de las 105 empresas vinculadas a los investigados en la más reciente trama de corrupción de Petróleos de Venezuela, conocida como Pdvsa Cripto, tienen como objeto actividades relacionadas con el sector alimentos, bien sea para la producción, la compraventa de productos, el almacenamiento, la comercialización o para la importación de maquinaria para la industria, de acuerdo con la información publicada por la organización Transparencia Venezuela.
El sector alimentos en Venezuela, que ha representado durante años una gran fuente de negocios para todas las empresas que han logrado obtener grandes cantidades de divisas preferenciales para la importación o para aquellas que han conseguido importantes y opacos contratos con el Estado, acaparó la atención de al menos 11 de los acusados en los supuestos hechos de corrupción con Pdvsa.
De acuerdo con una investigación publicada por Transparencia Venezuela, las 26 empresas identificadas en el sector alimentos que han sido manejadas por 11 de los acusados por el Ministerio Publico han celebrado contratos con instituciones del Estado como el Mercado de Alimentos S.A. (Mercal), la Cadena de Tiendas Venezolanas S.A. (Cativen), el Ministerio para la Defensa, alcaldías, entre otros.
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Del total de compañías, poco más de una decena se dedica exclusivamente al sector de alimentos, el resto tiene objetos sociales muy amplios, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Algunas de las empresas modificaron constantemente sus objetos sociales y declararon que se dedican a actividades relacionadas hasta con 10 sectores económicos al mismo tiempo, entre estos están medicamentos, cosméticos, construcción, transporte, insumos y maquinaria para la industria petrolera.
Al servicio de Mercal
Entre los acusados por la trama Pdvsa Cripto destaca Johanna Lisseth Torres Ojeda, una supuesta empresaria que mostraba en sus redes sociales una vida llena de lujos, que incluía aviones y un apartamento en Dubai. En los videos publicados aseguraba contar con la nacionalidad emiratí y, desde su residencia en el emirato, llegó a exhibir un maletín con al menos 15 lingotes de oro. A Torres Ojeda la llamaban ´La reina de las frutas´ en alusión a una valla de publicidad puesta en la autopista Francisco Fajardo, en Caracas, en la que aparecía promocionando su negocio de comercialización de alimentos.
De acuerdo con el RNC, a Torres Ojeda se le vincula con cinco empresas dedicadas al sector alimentación. Dos de ellas, Asociación Cooperativa La Región 82468 R.L. y Cooperativa Granos de Maíz 6521 R.L. han firmado al menos 18 contratos con Mercal S.A., para suministrar la materia prima al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Anzoátegui, un programa gubernamental creado en 1996 y basado en proveer alimentos a estudiantes del sistema público de educación para “garantizar un aprendizaje cónsono para la población”.
Un informe especial publicado por la Contraloría General de la República en 2013 reveló que el PAE funcionaba “sin los mínimos controles fiscales”. Luego de inspeccionar 42 planteles educativos en Caracas, el órgano contralor concluyó que el programa carecía de planificación, supervisión y control interno, y que las empresas y cooperativas, incluidas Mercal y Pdval, agrandaban las facturas y defraudaban al Estado.
Según un testimonio obtenido por Transparencia Venezuela en 2015, las comunidades debían organizarse para costear el transporte y buscar los insumos en Mercal y Pdval, que en muchas ocasiones estaban vencidos o incompletos. Además, las madres procesadoras de alimentos reclamaban irregularidades en el pago que debían recibir por parte del PAE, adscrito al Ministerio de Educación.
Las compañías de Torres Ojeda que fueron contratistas de Mercal comparten el objeto social, en el que también se incluye el suministro de material quirúrgico. Aunque en el RNC se señala la celebración de acuerdos con el sistema público de salud para la venta de insumos médicos para hospitales y laboratorios, no se precisa el nombre de estas instituciones ni las fechas de los contratos.
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Otra de las empresas que ha estado vinculada a la expareja de Torres Ojeda es la Asociación Cooperativa El Gran Prestigio R.L. En 2017, suscribió un contrato con el CNU para la venta de alimentos y otro con el Fondo Nacional de Tecnología e Innovación. Para el momento, Hugbel Roa era ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y, en consecuencia, presidía el CNU y controlaba el fondo.
El 31 de marzo de 2021, el Ministerio Público ordenó la detención de Johanna Torres Ojeda por legitimación de capitales y asociación para delinquir. Se señaló que investigaciones preliminares comprobaron la descomunal fortuna mal habida de Johanna Lisseth Torres Ojeda, mediante una estructura delictiva compuesta por testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron recibir contratos ilícitos a dedo otorgados por Pdvsa y el Ministerio de Alimentación. No obstante, la detención se ejecutó en marzo de 2023, según información suministrada por la Fiscalía.
En el caso de Barrios Vivas, relacionado con el exvicepresidente de Comercio y Suministro, Antonio Pérez Suárez, hay al menos cuatro empresas que tienen al sector alimentos como parte de su objeto social. Este empresario es uno de los investigados que más ha contratado con el Estado: desde venta de alimentos y cauchos hasta prendas de vestir.
Los otros empresarios que incluyen al sector alimentos en el objeto de las empresas son Juan Manuel Afonso López, Manuel Ramón Afonso López, Bernardo Andrés Arosio Hobaica, Fernando José Bermúdez Ramos, José Luis Ferrandiz Laya, Salem Hassoun Atrach, Leonardo Enrique Torres Naim, Olvany Marian Gaspari Bracho,
En marzo de 2023, el Ministerio Público aseguró que una red de altos funcionarios, empresarios y operadores financieros estaba presuntamente involucrada en operaciones ilegales con petróleo sin tomar en cuenta normativas de contratación ni controles administrativos. De acuerdo con estimaciones de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica, al menos USD 16.650 millones de la República están comprometidos en la trama.
En estas operaciones participó un grupo de personas ligadas a altos funcionarios del Estado y con empresas creadas en Venezuela (68), Panamá (18), Estados Unidos (9), Barbados (6), República Dominicana (2), Reino Unido (2), Malta (1) y Chipre (1).
En mayo de 2023, Transparencia Venezuela pidió a la Fiscalía que ofreciera detalles sobre esta trama de corrupción: quiénes participaron y aprobaron las operaciones, cuál es el monto comprometido, lugar de reclusión de los detenidos y estatus de la causa, y qué controles administrativos habían fallado para que se ejecutaran las operaciones ilegales.
