Transparencia Venezuela exige cuentas claras en el acuerdo petrolero con EEUU
Transparencia Venezuela advirtió que el acuerdo con EEUU para la explotación de 17 campos petroleros carece de debate público, vicia la legislación vigente y beneficia a firmas cuestionadas
La ONG Transparencia Venezuela cuestionó el acuerdo petrolero entre la Casa Blanca y Miraflores, que incluiría una concesión por 100 años para explotar 17 campos petroleros, equivalentes a más del 20% de las reservas probadas del país.
A través de un documento difundido este 7 de septiembre, la organización señaló que, aunque la atracción de capitales en el sector de los hidrocarburos es urgente para la recuperación económica, no se pueden aceptar pactos internacionales negociados «de espaldas al país», sin garantías democráticas ni la debida consulta pública.
Transparencia Venezuela destacó la opacidad con la que se firmaron declaraciones de interés y contratos con Chevron, Eni y otras petroleras, sin informar a la ciudadanía ni evaluar públicamente su impacto, riesgos, beneficios y alternativas.
«La ausencia de debate público refuerza la percepción de que se negoció de espaldas al país, sin consentimiento informado y con un alcance inesperado», dice el texto.
De igual modo, en vista de que aún no se pulica el acuerdo ni los contratos relacionados, se desconoce el criterio para fijar el plazo de 100 años, las metas de producción o el criterio para seleccionar los campos. Tampoco se ha determinado quién los explotaba previamente ni bajo qué figura jurídica, ya fuera empresa mixta, contrato de participación productiva u otra modalidad.
El documento de Transparencia Venezuela cita serias contradicciones jurídicas que invalidarían el convenio en su formato actual. La legislación vigente no contempla la figura de concesión para este tipo de explotación, mientras que la Ley de Hidrocarburos limita las asignaciones a 25 años prorrogables por 15 más, cuando Washington anunció 100 y Miraflores habló de 25 años.
Asimismo, señaló que no se ha sometido el acuerdo a la aprobación obligatoria del Parlamento, contraviniendo los artículos 150, 187.9 y 187.18 de la Constitución. Tampoco está claro quiénes son todas las partes del convenio ni cuáles son sus responsabilidades: el Departamento de Guerra de Estados Unidos, PDVSA, NABEP y los operadores privados que participarán.
En materia fiscal, la ONG resaltó que no se detallaron fórmulas de cálculo, regalías, impuestos ni proyecciones de precios del crudo. Solo sabemos por declaraciones de Delcy Rodríguez que el Estado venezolano recibirá unos 209.000 millones de dólares en ingresos.
Transparencia Venezuela también puso la lupa sobre la selección de North American Blue Energy Partners (NABEP) y recordó que su socio mayoritario, Alejandro Betancourt, ha sido mencionado en investigaciones penales internacionales en España, Suiza y Estados Unidos por casos de corrupción.
«Si NABEP llegó a ocupar una posición relevante dentro del sector privado petrolero venezolano, resulta indispensable aclarar bajo qué condiciones lo hizo y qué vínculos sostuvo con el Gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez», sentenció.
Igualmente, la organización civil reiteró que el país no cuenta con instituciones democráticas ni garantías suficientes para proteger a inversionistas, ya que la deuda pública está en cesación de pagos desde 2017, y empresas como ConocoPhillips, con una acreencia cercana a 12.000 millones de dólares, no han podido cobrar pese a ganar arbitrajes internacionales.
Por último, Transparencia Venezuela recordó que cualquier plan de expansión petrolera debe cumplir con el artículo 129 de la Constitución, el cual obliga a realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural antes de iniciar operaciones.
Frente a este escenario, la ONG instó a establecer una nueva gobernanza petrolera que fortalezca las instituciones, garantice la seguridad jurídica y reestructure a PDVSA para que opere con autonomía técnica, rinda cuentas y separe sus funciones de gestión y supervisión,
Igualmente, recomendó aclarar detalladamente la situación jurídica de cada campo petrolero, delimitar los alcances de cada contrato y definir los mecanismos de resolución de conflictos entre operadores antiguos y nuevos.
«El Gobierno de Venezuela debe publicar todos los documentos y dar respuesta a todas las dudas que este convenio ha generado», aseguró.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
