Alfredo Ramos y Roberto Picón forzados a ir a la ANC
La «presidenta» de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) les explica cuáles podrían ser las medidas sustitutivas de libertad que podrían recibir
El asesor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Roberto Picón; y el exalcalde de Lara, Alfredo Ramos son algunos de los presos políticos que fueron trasladados la tarde de este sábado a la Casa Amarilla para recibir de la “presidenta” de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, explicaciones de cuáles serían las medidas sustitutivas de libertad que podrían recibir.
Los también presos políticos Betty Grose, Aristides Moreno, Danny Abreu, Andrea Gonzales, Marcos Rada, Jhosman Paredes, Carmen Brion, Rafael Liendo y Andrea Díaz completan la lista de asistentes a la “charla”.
#23Dic | Beneficiarios de las medidas alternativas de la privación de libertad de presuntos responsables en los hechos de violencia política en 2014 y en 2017, se presentan ante la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública en la sede de la @ANC_ve pic.twitter.com/pcIMmX2b7l
— Constituyente (@ANC_ve) December 23, 2017
Más temprano Rodríguez presentó un informe de la Comisión para la Verdad, la Paz y la Tranquilidad Pública, e indicó que en este se recomendaba evaluar la aplicación de “medidas sustitutivas” a más de 80 personas que resultaron detenidas por “hechos violentos” durante las protestas de 2014 y 2017. Horas más tarde el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, confirmó que serían liberados 69 presos políticos.
La Asamblea Constituyente es una instancia impuesta desde el Gobierno nacional, que tiene carácter ilegal debido a su origen presidencialista, la consulta propuesta por Nicolás Maduro no fue ratificada por el pueblo, donde reside la soberanía, como dicta la Constitución vigente.
A ello se suma su conformación, que no respetó el principio de “un elector, un voto”, y las denuncias de fraude durante las elecciones para la escogencia de sus integrantes. La instalación de esta ANC ha sido rechazada por más de 40 países, al igual que organismos como la ONU y OEA, pues no contribuye a la resolución de la crisis política venezolana.
Desde el 4 de agosto, las decisiones que han emanado de la Asamblea Constituyente se han centrado en la persecución política de funcionarios públicos como la fiscal Luisa Ortega Díaz, quién fue removida de su cargo; además de diputados de la Asamblea Nacional y dirigentes opositores.
