Aldo Rosso espera por la apertura de un juicio mientras su salud se desgasta
Desde hace dos meses la familia de Aldo Rosso espera que el informe sobre su salud, elaborado por un médico forense, sea incorporado al expediente para solicitar en tribunales una medida sustitutiva de libertad. Tampoco han podido introducir la solicitud por edad, pues cumplió los 70 años estando en una celda de la PNB en La Yaguara (Caracas)
«Se desgasta, pero se mantiene firme», así define Jyuli Rosso la situación de su padre Aldo, un activista del partido Voluntad Popular en la parroquia El Valle (Caracas) apresado el 4 de julio del año pasado y vinculado a un supuesto sabotaje al sistema eléctrico nacional.
Aldo Rosso fue detenido cerca de su vivienda cuando se disponía a trasladarse a la manifestación convocada en Caracas por el inicio de la campaña electoral. Luego de seis días, donde su familia no tuvo conocimiento de dónde se encontraba, fue presentado en tribunales y acusado públicamente por el fiscal Tarek William Saab de estar vinculado a un «ataque» al sistema eléctrico.
El activista político se encuentra detenido en la Dirección de Investigaciones Penales de la PNB La Yaguara. Padece de hipertensión, diabetes y una hernia inguinal que le produce dolor constantemente. Desde principios de noviembre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha solicitado atención médica inmediata debido a que sus problemas de presión arterial empeoraron.
Carlos Chancellor, Aldo Roso, Américo de Grazia y Perkins Rocha, detenidos arbitrariamente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, continúan privados de su libertad sin el acceso a atención médica adecuada. Cada uno de ellos presenta patologías que deben ser tratadas… pic.twitter.com/GXKVAUHjyl
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 14, 2025
Hace dos meses lograron que un médico forense lo visitara y le hiciera una valoración, pero el informe médico para agilizar su caso en tribunales por razones de salud aún no ha llegado.
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«Esta es la fecha que ese informe no ha llegado a tribunales, por ende, el defensor público no ha podido introducir una solicitud de medidas cautelares por razones de salud. Ni siquiera ha podido implementar lo que corresponde por ley respecto a la edad. Él cumplió los 70 años estando detenido», explica su hija.
El artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal establece que:
«No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las personas afectadas por una enfermedad en fase terminal, debidamente comprobada. En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará la detención domiciliaria o la reclusión en un centro especializado».
A esto se suma los retrasos en la apertura de juicio. Su hija detalla que, antes del asueto por carnavales, el juez que llevaba el caso renunció, al igual que el fiscal del Ministerio Público. «Se hicieron nuevos nombramientos y se asignó al Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo» para conocer la causa de Rosso, dice Jyuli, pero aún no se ha designado una fecha.
El jueves 10 de abril algunos familiares de Rosso se acercaron a tribunales a preguntar, pero no pudieron ser atendidos por el horario especial de trabajo impuesto por el racionamiento eléctrico. Luego de semana santa, cuando le corresponde ir al defensor público, tienen previsto acudir nuevamente para conocer si ya el informe médico fue incorporado al expediente.
Se estima que al menos 90 presos políticos en todo el país, de los 896 según el registro del Foro Penal, necesitan atención médica inmediata y especializada, debido a enfermedades que han empeorado en prisión o patologías que se produjeron por torturas o tratos crueles e inhumanos.
«No lo demuestra aunque esto es desgastante, tanto para él como para nosotros afuera, pero seguimos en la lucha. No nos podemos dar por vencidos», asegura su hija con la voz entrecortada.
En el caso de Aldo Rosso está involucrada otra persona: Ricardo Albacete. Este empresario, también de tercera edad, fue arrestado dos semanas después de haber alojado a la líder opositora, María Corina Machado, en su casa en el estado Táchira entre el 27 y 28 de junio. Saab dijo que ambos recibieron financiamiento desde el exterior para «desestabilizar el país».
«Ellos ni se conocían. Se conocieron el día de la audiencia preliminar. Los metieron en una habitación y allí se quedaron. No sabían quién era quién», ha denunciado Jyuli Rosso.
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