Advierten a Petro sobre incremento en solicitudes de asilo de aprobarse ley contra ONG
Las ONG solicitaron al gobierno de Gustavo Petro que interceda para que las autoridades venezolanas desestimen este proyecto o cualquier otro en la misma línea y, en cambio, se permita en base a la Constitución y tratados internacionales la libre constitución, funcionamiento y actuación de las personalidades jurídicas para cualquier forma de asociación
93 organizaciones no gubernamentales enviaron una carta abierta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde le advierten sobre el posible incremento de solicitudes de asilo político y refugio en su país de aprobarse un proyecto de ley que busca fiscalizar y controlar a organizaciones y asociaciones civiles en Venezuela.
En la carta, difundida este jueves 16 de febrero por diversas ONG y activistas, dejan en claro al presidente colombiano que el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de la Organizaciones No Gubernamentales y Afines –aprobado en primera discusión el pasado 24 de enero– significa «la suspensión del derecho de libre asociación y reunión en Venezuela».
Los principales afectados, a juicio de las ONG, serán «las personas que reciben gratuitamente la asistencia y acompañamiento en la defensa de sus derechos vulnerados, así como ayuda humanitaria en todo el país». La ilegalización de organizaciones –al estilo Nicaragua– también conllevaría la salida forzada de Venezuela de sus integrantes, lo que incrementaría las solicitudes de asilo en países vecinos como Colombia.
Dicho proyecto de ley, reiteraron en el comunicado, plantea un marco restrictivo y la «inexistencia» de las organizaciones no gubernamentales y cualquier otra forma de asociación a través de una serie de «requisitos desproporcionados y que no tienen un objetivo legítimo».
93 organizaciones de sociedad civil y más de 100 individualidades enviamos Carta Abierta al Presidente @petrogustavo alertando sobre la #LeyAntiSociedad y las consecuencias para #Colombia A las puertas de una nueva ola migratoria masiva forzosa. @OACNUDH @CIDH @AABenedetti pic.twitter.com/KpeNS0Eaav
— Lexys Rendón (@lexysrendon) February 16, 2023
Las ONG recordaron que esta nueva normativa, que no está publicada en la página de la Asamblea Nacional 2020, está redactada de una forma vaga e imprecisa, que permite una interpretación discrecional por parte de las autoridades. Además establece un régimen sancionatorio, entre multas que llegarían hasta los 12.000 dólares o su disolución de facto, al igual que responsabilidades penales contra activistas bajo los supuestos delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
En el escrito, las oenegés solicitaron al gobierno de Gustavo Petro que interceda para que las autoridades venezolanas desestimen este proyecto o cualquier otro en la misma línea y, en cambio, se permita en base a la Constitución y tratados internacionales la libre constitución, funcionamiento y actuación de las personalidades jurídicas para cualquier forma de asociación.
«Su gobierno es heredero de la movilización y organización de miles de colombianos y colombianas que desean dejar atrás el conflicto y construir un país de oportunidades y derechos sin discriminación de ningún tipo. Esos mismos principios son los que deseamos para nuestro país», le reiteraron al presidente colombiano.
La aprobación de este proyecto de ley fue rechazada por diversas organizaciones internacionales, así como los expertos de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que la califican como una nueva limitante al espacio cívico en el país.
Tras su visita el pasado 18 de enero, el Alto Comisionado de Derechos Humano Volker Türk dijo que planteó a las autoridades sus inquietudes particulares respecto a esta ley tras las denuncias de nuevas restricciones a los derechos de asociación, libertades personales o reunión, que insistió «deben ser garantizados».
