Adultos mayores que migran se enfrentan a serias limitaciones en países de acogida
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), existen al menos 3.5 millones de adultos mayores en el país. De estos, medio millón vive solo debido, en gran parte, a la migración de sus hijos y demás familiares
La crisis económica y social del país, debido a la emergencia humanitaria compleja, ha impulsado a los adultos mayores a considerar la migración como una vía de escape y reunificación familiar; pero una vez en el extranjero, la falta de políticas públicas en los países de acogida orientadas a este sector de la población dificulta la estadía y calidad de vida.
Así se desprende del informe «Recomenzar lejos de casa. La migración forzada de personas mayores venezolanas», elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB). Los adultos mayores son una minoría invisibilizada dentro y fuera de Venezuela.
La falta de estadísticas sobre este sector, recordó el CDH-UCAB, dificulta la elaboración de políticas públicas. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), existen al menos 3.5 millones de adultos mayores en el país. De estos, medio millón vive solo debido, en gran parte, a la migración de sus hijos y demás familiares. Otros han quedado como responsables del cuidado de sus nietos, de otra persona mayor o con discapacidad.
Los adultos mayores constituyen el menor porcentaje de los 7.3 millones de venezolanos que han migrado. Algunos deciden irse con el objetivo de llevar a sus nietos para que se reencuentren con sus padres en el exterior, acceder a tratamientos médicos en otro país o ayudar a sus hijos con el cuidado de sus nietos en el extranjero.
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En los países de acogida son muy pocas las personas mayores migrantes que tienen empleo formal, pese a un alto nivel de escolaridad, debido a las restricciones por edad para acceder al mercado laboral.
«Al permanecer en el sector informal de la economía, no están integrados al sistema de seguridad social, ni tienen acceso al sistema de salud. La situación es más dramática para quienes salieron de Venezuela como jubilados y pensionados antes de 2016», destacó la UCAB.
Desde 2015 se dejó de pagar la pensión, sin explicación alguna, a más de 12.500 pensionados y jubilados que residen en el extranjero, dejándolos en condiciones de extrema precariedad económica. Venezuela tiene convenios bilaterales para el pago de pensiones y seguridad social con Portugal, Italia, España, Uruguay, Ecuador y Chile, que no se materializa por la falta de pagos del gobierno venezolano.
Dentro de Venezuela, la principal fuente de ingresos de las personas mayores es la pensión o jubilación, que pierde poder adquisitivo por la hiperinflación. «Esta situación ha generado una dependencia económica en dicho grupo poblacional, debido a los escasos ingresos, que debe dedicarse a actividades económicas informales, apoyarse en ayudas humanitarias o depender de las remesas o ayudas que le puedan dar sus familiares», señaló el estudio de la UCAB.
Además, esto repercute en la salud mental y física de este sector de la población. La precariedad de ingresos los lleva a priorizar sus gastos personales, teniendo que dejar de comprar medicinas para poder comer.
El informe recomienda al gobierno venezolano, así como a los países de acogida, desarrollar políticas públicas diferenciadas, «especialmente en las áreas de generación de ingresos, salud física y mental, recreación y transporte», así como realizar jornadas especiales de regularización y registro en el sistema de seguridad social.
