Adultos mayores en Lara se ganan la vida vendiendo chucherías en la calle
La ONG Convite alertó en su último informe que 38% de los 1.535 adultos mayores encuestados en 19 estados del país, correspondiente a 579 personas, se encuentran laborando de manera informal, lo que supone una alta deficiencia en sus ingresos
Autora: Moiselis Méndez
Juan, un anciano de 72 años de edad, vende maní, chupetas y caramelos desde hace 2 años en una de las plazas más concurridas de Barquisimeto, cerca del Monumento El Obelisco, para poder cubrir sus necesidades. Es enfermero jubilado, pero su sueldo no le alcanza para comprar los medicamentos que necesita tanto para él como para su esposa.
Sale desde muy temprano, viste camisa de botones y una gorra para protegerse del sol; se acerca a los presentes pidiendo “una ayuda”. Sus manos ya cansadas se turnan para cargar una cesta no tan pesada de chucherías. Pidió no revelar su nombre real.
La ONG Convite alertó en su último informe titulado “Evaluación de Condiciones de Vida y Salud de las Personas Mayores en Venezuela en 2023”, que 38% de los 1.535 adultos mayores encuestados en 19 estados del país, correspondiente a 579 personas, se encuentran laborando de manera informal, lo que supone una alta deficiencia en sus ingresos.
Édgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, en una entrevista vía telefónica con TalCual, calificó el actual salario mínimo como una “condena a muerte”. Recordó que ya se cumplen más de dos años del último aumento.
Desde el 2013 -explica Silva- los jubilados y pensionados de la administración pública se enfrentan diariamente a las consecuencias de la crisis humanitaria compleja en la que está sumergida el país. Ante tan bajos niveles de ingresos y las pocas posibilidades de empleo, se han visto en la necesidad acudir a la economía informal para su sustento.
Aunque se sume el sueldo base de 130 bolívares más la bonificación de $60, el monto es insuficiente para costear la canasta básica de alimentos valorada en 548 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Trabajan para mantener su hogar
Al igual que Juan, José Cortez, de 65 años, sale desde las 7:00 a.m de su casa con su canasto de tostones. Va caminando por las principales avenidas de Barquisimeto para ofrecerlos y nunca está en un puesto fijo porque prefiere conseguir clientes caminando.
Tiene más de 40 años como vendedor informal, anteriormente podía vender hasta 40 tostones diariamente, pero desde la pandemia sus ventas han ido decayendo. Ahora en un día “bueno” puede despachar hasta 20 unidades por un precio de 25 bolívares cada una.
Comentó que con su trabajo pudo sacar adelante su hogar, arreglar su casa y llevar la comida para sus hijos, pero ahora con tan pocas ventas, las bonificaciones mensuales se han convertido en su principal ayuda.
De acuerdo con la novena edición de la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello, para el año 2023, el 82,8% de los hogares del país se ubicaron en la categoría de pobres por ingreso, lo que quiere decir, que no contaron con el dinero suficiente para adquirir la canasta básica.
En este sentido, un 51,9% se ubicó en pobreza multidimensional, vinculada no solo a los ingresos, sino a condiciones como: vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación.
Sobre el tema salarial, la ONG Convite señaló en su informe que el 63% de los encuestados tiene ingresos entre $10 y $100 mensuales, aunque el 55% afirmó que sus gastos mensuales superan los 100 dólares, es decir, gastan más de lo que ganan.
Sin apoyo del Estado
“Venezuela se convirtió en el peor país para el envejecimiento de la población” declaró Silva, quien cuestionó la falta de políticas gubernamentales para la atención de los ancianos. “El gobierno liquidó todo lo que significa el sistema de seguridad social, no solo las pensiones, el seguro social y dejó de prestarle el servicio de farmacia”, precisó.
Silva expresa su dolor por la situación en la que están muchas personas de la tercera edad. “No tienen alimentos, ni medicinas para calmar su dolor, situación que los ha obligado a salir a la calle a buscar el pan de cada día”.
Agregó que desde el comité han documentado algunos casos de grave desnutrición y fallecimientos de adultos mayores por inanición, tal como el de José Salinas, profesor jubilado de la Universidad de Los Andes (ULA), de 83 años de edad, quien fue hallado en su casa por los bomberos del estado Mérida con una desnutrición severa en el año 2022.
Salinas se encontraba junto con su esposa quien había fallecido días atrás, también por desnutrición.
Otro de los casos documentados fue el de Silvia Sandoval y Rafael Sandoval, de 72 y 74 años de edad respectivamente, quienes fueron encontrados muertos en su vivienda, en estado de descomposición y con signos de desnutrición.
Silva añadió que tal panorama constituye una “política de exterminio” y un delito de lesa humanidad siguiendo lo definido en el artículo 7b del Estatuto de Roma, al someter a la población a condiciones precarias de manera sistemática e intencional para hacerla desaparecer, al no poder adquirir los alimentos ni medicinas y sin políticas de protección social.
