CLAVES | Arresto de 33 hombres en sauna en Lara reabre discusión sobre homofobia policial
El arresto arbitrario y sin orden judicial de 33 hombres en un local de Barquisimeto reactiva las alarmas sobre la violencia policial y los delitos de odio contra la comunidad Lgbti en Venezuela. Aunque la Fiscalía investiga a seis funcionarios, la defensa denuncia que hubo un ataque preparado, extorsión y asociación para delinquir que aún no se imputan completamente
«Homosexuales, cochinos (…) todos aquí van a ir presos». Con estos insultos, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron la noche del 30 de mayo en un local frecuentado por la comunidad Lgbti en Barquisimeto, estado Lara. ¿La supueta falta de los 33 hombres detenidos? «Ejercer el delito de la homosexualidad».
Sin embargo, la homosexualidad no es un delito en Venezuela. El Código Penal, vigente desde 1926, nunca la tipificó como tal. De hecho, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) recuerda que la actividad sexual consensuada entre personas del mismo sexo nunca ha estado criminalizada en la legislación civil del país. Aunque la persecución histórica se mantuvo por vías administrativas, con la Ley de Vagos y Maleantes por ejemplo, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia en 1997; o militares, con el artículo 565 del Código de Justicia Militar, derogado apenas en marzo de 2023; el procedimiento en Lara carecía de todo sustento legal. Tampoco existía una orden de allanamiento emitida por un tribunal.
Carlos Ares, uno de los detenidos, describió el operativo como una experiencia marcada por el miedo y el hostigamiento. «Nos quitaron los celulares, los bolsos y empezaron a revisar todo con perros antidroga«, relató. Mientras él fue trasladado a la sede de la brigada canina en el vehículo de un amigo conducido por un policía, el resto de los civiles fue llevado en una camioneta descapotada.
Durante el traslado, los uniformados repetían: «Los quiero tranquilitos (…) Esto viene desde la Fiscalía y todos van a ir presos». El hostigamiento pasó rápidamente a la extorsión. Según los testimonios, los policías exigieron a las víctimas contactar a sus allegados para solicitar pagos de hasta 500 dólares a cambio de su liberación, bajo la amenaza de que, si no pagaban, les sembrarían droga.
El Observatorio Venezolano de Violencias Lgbti condenó enérgicamente los hechos, denunciando que la acción «criminaliza y somete a la humillación pública» a los ciudadanos. Asimismo, exigieron una investigación inmediata para sancionar a los responsables de estos actos que «profundizan la vulnerabilidad de nuestra comunidad ante la impunidad». El episodio ocurre pocos días después de que Delcy Rodríguez hablara públicamente de construir el «derecho a ser diverso» en el país, evidenciando la brecha existente entre las promesas oficiales y las prácticas de los cuerpos de seguridad del Estado.
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Una investigación con más dudas que culpables
A diferencia de un polémico caso similar ocurrido hace tres años en Valencia, donde también 33 hombres Lgbti sí fueron procesados y privados de libertad sin que los policías recibieran sanción, en esta oportunidad las víctimas de Barquisimeto no fueron presentadas ante el Ministerio Público. Para Henderson Maldonado, abogado que lleva el caso e integrante del Movimiento Vinotinto, los funcionarios no lo hicieron porque «no iban a tener fundamento de hecho por el cual hicieron esta aprehensión».
Aunque el Ministerio Público comisionó a la Fiscalía 21 de Lara y a la Fiscalía 98 con competencia en derechos humanos y diversidad de género para investigar el caso, el proceso avanza a cuentagotas. De al menos 20 funcionarios de la PNB implicados, casi una semana después del operativo solo seis están siendo procesados.
«Llama poderosamente la atención porque la fiscalía no ha hecho lo propio. No se sabe por qué no han detenido a los demás (…) no se sabe si están evadidos», alertó Maldonado.
El MP adelantó que los policías investigados serán presentados ante un tribunal de control por presuntos delitos previstos en el Código Penal y la Ley contra la Corrupción, aunque sin dar mayores detalles. Para el equipo de la defensa, la calificación debe ser mucho más severa debido a la planificación del operativo.
«Tenemos funcionarios que extorsionaron. No imputaron el delito de extorsión. El trato cruel (…) la pena es baja. Pero es que cometieron delitos de odio. Y se asociaron para cometer el delito. Los funcionarios manifiestan que ellos hicieron un seguimiento del lugar. Esto denota que existe una asociación para delinquir», explicó el abogado defensor.
Pese a las fallas en el número de procesados, Maldonado reconoce que la apertura de la investigación penal representa un avance frente a la normalización de la impunidad que dejó el antecedente de Valencia.
Entre la respuesta institucional y la cultura del odio
Para el activismo, el patrón de actuación en Barquisimeto no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema estructural. Giovanni Piermattei, presidente de la asociación civil Venezuela Igualitaria, advierte que detrás de estos procedimientos existe un trasfondo social complejo. «Hay una cultura de odio hacia las personas Lgbti, (…) transversaliza incluso nuestras propias existencias», señala, explicando que estos prejuicios están tan arraigados que incluso permean las propias instituciones de seguridad.
Sin embargo, a su juicio, en esta oportunidad, la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones generó una respuesta distinta a la impunidad del pasado. Al conocerse el operativo en Lara, se activaron los canales de denuncia. «Se hizo el contacto directo tanto con el fiscal como con la defensora del pueblo (…) se comenzó a gestionar el trabajo junto con el colectivo Lgbti del propio estado (…) Creo que esa sinergia dio respuesta inmediata», relata Piermattei.
Este contrapeso impidió que se repitiera el escenario de hace tres años en Carabobo, donde las víctimas no corrieron con la misma suerte debido a la complicidad del sistema de justicia. «Actuamos inmediatamente ante la fiscalía, ante la defensoría del pueblo, pero las cosas se hicieron contrariamente (…) a favor de las personas y de la dignidad. Al contrario, (en Valencia) llegaron a tener acceso a jueces que les imputaron delitos a estas personas(Lgbti)», recuerda el activista al contrastar ambos procedimientos ejecutados por la misma Policía Nacional Bolivariana.
Aun así, el movimiento Lgbti venezolano avanza con cautela.
Piermattei recuerda que la propia cúpula del Ministerio Público, bajo la gestión de Tarek William Saab, pronunció discursos contrarios a las luchas del colectivo en televisión nacional. Pese a ello, el activista matiza que dentro de las filas del Estado conviven visiones distintas. Destaca el papel de Larry Devoe, ahora fiscal general, durante su tiempo en el Programa Nacional de Derechos Humanos, pues escuchó y adaptó las propuestas de la comunidad. Para las organizaciones, que hoy existan figuras técnicas receptivas y un aparente direccionamiento desde el Ejecutivo hacia esos enfoques es lo que genera una ventana de oportunidad distinta en este proceso.
Pero el caso de Barquisimeto vuelve a demostrar que, más allá de las pugnas políticas internas, el Estado venezolano tiene obligaciones internacionales que no puede eludir. Las Naciones Unidas (ONU) recuerdan de forma clara que no hace falta crear nuevas leyes para proteger a la comunidad Lgbti, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya obliga a las naciones a preservar sus derechos fundamentales.
Bajo este marco internacional, Venezuela tiene el deber de prohibir la discriminación por orientación sexual, salvaguardar el derecho a la reunión pacífica y, de manera urgente ante lo ocurrido en Lara, prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Mientras el proceso judicial avanza, la comunidad sexodiversa se mantiene en alerta, consciente de que el «derecho a ser diverso» prometido por Miraflores no puede seguir siendo una consigna de micrófono, sino una garantía real frente al abuso de poder.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
