Acceso a la Justicia: Plan de regularización de fiscales es discriminatorio
«El que los fiscales sean provisionales lleva a que no haya independencia en la investigación de los presuntos delitos y de las imputaciones», asegura Acceso a la Justicia
La ONG Acceso a la Justicia alertó que el plan de regularización de fiscales provisorios, anunciado por el fiscal general impuesto por la extinta constituyente, es «discriminatorio» pues no da oportunidad a los abogados externos a que se presenten para ese concurso de credenciales.
A través de su cuenta en Twitter, Acceso a la Justicia recordó que el fiscal Tarek William Saab fue quien cambió la normativa vigente, en septiembre de 2018, y eliminó la carrera fiscal para dar paso a los llamados «cargos de confianza», que son de libre nombramiento y remoción.
El pasado 21 de octubre, Saab informó sobre este plan especial con el que se busca ascender a aquellos funcionarios que así lo merezcan debido a sus méritos. Para obtener el ascenso, el fiscal deben haber ocupado de forma ininterrumpida su cargo por cuatro años y así poder pasar a la titularidad.
Esta modalidad para regularizar a fiscales del Ministerio Público (MP) fue usada en 2012 por la exfiscal Luisa Ortega Díaz y también por el Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, Acceso a la Justicia ha dicho que la situación de estos funcionarios y jueces ha empeorado con los años.
«El que los fiscales sean provisionales lleva a que no haya independencia en la investigación de los presuntos delitos y de las imputaciones y que el poder político use al Ministerio Público con fines distintos a los que les son propios», señaló la ONG.
Además, Acceso a la Justicia destacó que la ausencia de independencia del Ministerio Público «es lo que explica que este sea parte del aparato represivo del Estado venezolano como denunció la Misión de Determinación de Hechos de la ONU en septiembre pasado».
Dicho informe resaltó que el sistema de justicia venezolano está comprometido con graves violaciones a los derechos humanos, pues se ha violado el debido proceso en casos de opositores o personas que el Gobierno identifica como tal, y además las decisiones judiciales dependen de motivaciones políticas.
