Academia de Ciencias Políticas acompaña «angustia» popular por juramentación sin actas
La Constitución de 1999 establece que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberania popular y a ella están sometidos», recordó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Al mismo tiempo, denuncian las detenciones masivas y sin garantías al debido proceso, y las restricciones a la libertad de expresión
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió un comunicado este martes 14 de enero en el cual manifestó su solidaridad «con la angustia del pueblo venezolano, ante la toma de posesión presidencial» de Nicolás Maduro «realizada en ausencia de la publicación de los resultados oficiales desagregados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)».
En este sentido, refirieron que a la situación del país se sumanas detenciones masivas, con casos de personas cuyo paradero se desconoce, la reclusión de detenidos en cárceles de máxima seguridad, las precarias condiciones de salud de los presos, «sin las garantías del debido proceso», y las restricciones a la libertad de expresión.
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La Academia recordó que la Constitución de 1999 establece que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberania popular y a ella están sometidos».
Asimismo, en el comunicado se puntualiza que la carta magna prevé garantías para una «democracia electiva, alternativa y pluralista».
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales señaló también que el artículo 228 de la Constitución establece que «la elección del presidente o presidenta de la República se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo o electa el candidato o la candidata que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos».
Academia destaca derechos de los detenidos
En el comunicado de este martes, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sostuvo que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza. Volvió a apelar a la Constitución para enfatizar que los detenidos «tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida; a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado fisico y psíquico de la persona detenida. ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas».
Otro aspecto resaltado por la Academia es la prohibición constitucional sobre «la desaparición forzada de personas». De esta manera, «el funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales: complices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley».
De acuerdo con el Foro Penal, en lo que va de 2025 se han registrado más de 80 detenciones arbitrarias y en muchos de estos casos se desconoce el paradero de los detenidos, como ocurre por ejemplo en los casos del activista y periodista Carlos Correa y del dirigente Enrique Márquez.
Además, resaltaron, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; y ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos degradantes.
Por otra parte, la Academia indicó que el artículo 57 de la Constitución prevé que «toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas a opiniones de viva vor, por escrito o mediante cualquier otra forma na de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
