Abogado denuncia «limbo judicial» en caso contra Dignora Hernández y Henry Alviárez
El abogado Omar Mora Tosta denunció que a la dirigente política Dignora Hernández no pudo dejar constancia de su presentación ante tribunales este lunes 17 de agosto, pese a que es una de las medidas cautelares que le fue impuesta desde el pasado 8 de febrero. El defensor indicó que el caso, donde también se encuentra Henry Alviárez y otros dirigentes de Vente Venezuela, se encuentra en un «limbo»
El abogado Omar Mora Tosta denunció la tarde de este lunes 17 un «limbo judicial» en el caso contra los dirigentes políticos Dignora Hernández y Henry Alviárez.
Desde el Palacio de Justicia, el abogado indicó que tanto Hernández como Alviárez fueron notificados hace unos meses que su caso sería remitido a un tribunal del estado Barinas. Sin embargo, «a Barinas nunca llegó» y se convino que todos los acusados se presentaran ante el Tribunal 1 de Juicio con competencia en terrorismo, explicó Mora Tosta.
«Ellos están sometidos a unas medidas cautelares a las que venimos responsablemente todos los meses a dejar constancia. Hoy no los dejaron presentarse. Esa arbitrariedad, esa muestra represiva no puede ser. Aquí hay tribunales que pareciera que el 3 de enero nunca ocurrió», señaló el abogado.
Asimismo, denunció que todavía se niega la posibilidad de que puedan designar su defensa privada, puedan solicitar copias o tener acceso al expediente para poderse defender. «Esto es absolutamente intolerable porque esto viola el debido proceso y el derecho a la defensa».
Omar Mora Tosta dijo que estos «son casos políticos, no jurídicos». Dignora Hernández y Henry Alviárez, ambos dirigentes de Vente Venezuela, fueron apresados de forma arbitraria el 20 de marzo de 2024 y acusados de supuestamente planear ataques a instalaciones militares. Se encontraban detenidos en el Sebin Helicoide y fueron excarcelados el pasado 8 de febrero.
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Al ser consultado sobre las excarcelaciones, el abogado dijo que todas las personas acusadas por razones políticas «deben regresar» con sus familiares bajo libertades plenas. «Criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos no puede ser. Todas estas personas deben regresar al seno de su familia, tienen que tratarse las enfermedades que han aumentado en ellas en virtud del cautiverio al que fueron sometidos, y por supuesto estaremos atentos a las cifras».
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