Abogada presiona a hermana del teniente Hernández para admitir delitos, denuncia Comité
La adolescente Samanta Hernández fue presentada este jueves 15 de enero ante la jueza Kelly Nuñez, a cargo del Tribunal Primero de Control con competencia en Terrorismo del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. A sus padres se les impidió el acceso a la sala de audiencias
El Comité por la Libertad de Presos Políticos denunció que la adolescente Samanta Hernández, de 16 años y hermana del teniente exiliado Cristián Hernández, fue víctima de «presiones» por parte de su defensora pública para admitir delitos que no ha cometido.
«Este jueves 15 de enero hemos sido informados de que se está realizando la audiencia preliminar de la adolescente Samantha Hernández.. Durante dicha audiencia, la defensora pública impuesta por el Estado, abogada Annely Ramos (quien aparece en redes como Defensora Pública 16 Penal de Adolescentes), insiste en que la adolescente de 16 años admita delitos que nunca cometió», afirmó el Comité en una publicación en rede sociales.
Samanta Hérnandez fue detenida el 19 de noviembre de 2025 por funcionarios encapuchados de la Dgcim en la casa de sus abuelos en El Valle, Caracas. También es sobrina de Henry Castillo, desaparecido desde el 24 de enero de ese año.
La adolescente fue presentada ante la jueza Kelly Nuñez, a cargo del Tribunal Primero de Control con competencia en Terrorismo del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. A sus padres se les impidió el acceso a la sala de audiencias y «permanecen a la espera» de los cargos que pretender imponer.
Aranza de los Ángeles Hernández, de 19 años y hermana de Samanta, también habría sido presentada en esta audiencia.
«La detención arbitraria de Samantha y Aranza ocurre en un contexto de persecución familiar y castigo colectivo por parentesco, conocido como Sippenhaft. Su privación de libertad busca forzar la entrega de su hermano, el teniente Christian Hernández, crítico del gobierno, detenido por sus posiciones políticas y actualmente en el exilio», afirmó el Comité.
La organización dijo que casos similares se han registrado recientemente en el país, y puso como ejemplo a la familia del teniente José Rodríguez Araña, cuyos padres, hermanas y primos permanecen detenidos; del capitán Antonio Sequea, cuya madre y prima están en desaparición forzada; del periodista Omario Castellanos, recientemente excarcelado; o del diputado Fernando Orozco, también desaparecido junto a su esposa, un hijo y una ex pareja.
En el caso de la familia Hernández, también se encuentra detenida Maykelis Borges, esposa del capitán y quien estaba embarazada cuando fue arrestada de forma arbitraria cerca de las inmediaciones de Plaza Altamira.
El Comité también reclamó por la libertad del adolescente Gabriel Rodríguez, condenado a 10 años de prisión, así como el resto de presos políticos en Venezuela. «No hay reconciliación ni transición posible con presos políticos. ¡Que sean todos liberados ya!».
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