«A todos los engañaron»: familias reclaman información sobre militares con pena cumplida
13 militares presos por razones políticas y con pena cumplida fueron procesados nuevamente por delitos de motín, rebelión, traición a la patria y contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional. Sus familiares reclaman que no han obtenido información sobre el expediente o acceso a verlos dentro del Fuerte Guaicaipuro, donde se encuentran detenidos desde el 3 de noviembre de 2025
Familiares de 13 militares de distintos rangos con condena cumplida reclaman información a los tribunales sobre las nuevas acusaciones que enfrentan, en un expediente al que ningún allegado ha tenido acceso hasta la fecha.
El grupo está recluido en el Fuerte Guaicaipuro desde el 3 de noviembre de 2025, cuando fueron sacados de sus celdas en el Centro Nacional de Procesados Militares Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde, bajo la oferta de llevarlos a tribunales para recibir su boleta de excarcelación. Desde entonces, sus familiares no han podido verlos. Solo en tres oportunidades les han permitido entregar la paquetería, consistente en unos pocos panes y cinco litros de agua para 15 días.
Se tratan de los tenientes coroneles Deibis Mota Marrero, Carlos Peña Palmentieri, Víctor Soto Méndez, Cruz Pérez Lugo y Pedro Garrido Guillén; los capitanes Carlos Aguilar, Nicolás Rodríguez y Ronald Marrero; el primer teniente Willian Paredes; el teniente Edgar Suárez; y los sargentos Royer Zambrano y Yohnser Noguera.
«Nosotros no sabemos en qué condiciones están, les llevamos eso a ciegas porque no sabemos en qué condiciones están. Por las medicinas que piden uno supone que tienen alguna enfermedad, porque están pidiendo antibióticos, antimicóticos. Nos han dicho que están deteriorados físicamente», señala Ruperto Peña, padre del teniente coronel Juan Carlos Peña.
El padre del teniente coronel del Ejército logró hablar con un defensor público luego de un mes. «Nos dijo que les habían impuesto delitos nuevos: motín, rebelión, traición a la patria y contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional».
La audiencia fue telemática y de noche, denuncia Peña. A los familiares tampoco les han dado la fecha de esa vista al Tribunal Tercero de Control de Jurisdicción Militar, a cargo del juez Jonathan Guánchez. «No hemos podido hablar bien con el nuevo defensor público que les pusieron, se ha ido a tribunales a ver el nuevo expediente y no lo dejan».
La última vez que la familia del teniente coronel Peña pudo verlo fue en octubre de 2025, pues estaban esperando junto al militar que le dieran su boleta para salir en libertad. Su condena se cumplió el 9 de septiembre, tras siete años y medio de prisión en Ramo Verde.
«A todos los engañaron, les dijeron que iban a los tribunales para darles la carta de salida y resulta que los desaparecieron, los llevaron al fuerte Guaicaipuro», dice Ruperto Peña.
Los familiares entregaron solicitudes de fe de vida ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, además de un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia y juzgados militares. «Ninguno contestaron, se pudieron de acuerdo y no nos dieron respuesta».
El resto de los familiares se enteró de los nuevos cargos gracias a la información que le dieron a Peña, pues ningún otro ha sido llamado por el defensor público.
«Nos hemos dirigido a tribunales militares y se están lavando las manos, nadie se quiere hacer responsable de ese nuevo procedimiento porque saben que es un expediente totalmente fabricado para mantenerlos a ellos privados de libertad. No nos quieren dar siquiera el número de expediente», reclama Thais Aparicio, esposa del primer teniente Willian Paredes, cuya condena venció el 30 de marzo del año pasado.
Aparicio indicó que han realizado nuevas diligencias y han solicitado, a través de un abogado, reuniones con el defensor del pueblo y fiscal general militar para exponer el caso. Asimismo, han interpuesto las solicitudes de amnistía ya que cuentan con pena vencida y esperan una respuesta positiva.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
