86 ONG apoyan reclamos de la activista Linda Loaiza tras doctorado a tío de su agresor
Las ONG exigieron al Estado venezolano cumplir las obligaciones emanadas de la sentencia de la Corte IDH en el caso de Linda Loaiza y en todas las recomendaciones derivadas de los sistemas de protección de derechos humanos y derechos de las mujeres
86 organizaciones no gubernamentales y 105 personalidades se solidarizaron con la activista y abogada Linda Loaiza López, quien renunció a una relación contractual con la Universidad Metropolitana (Unimet) tras el doctorado honoris causa que dicha casa de estudios entregó en días pasados al historiador Germán Carrera Damas, tío de su agresor.
En un comunicado, las ONG recordaron que el historiador Carrera Damas es tío de Luis Carrera Almoina, culpable de agredir física, sexual y psicológicamente a Loaiza, «y hermano del padre de este, Gustavo Luis Carrera Damas, quien apoyó y encubrió tales agresiones».
«El agresor de Linda Loaiza actuó con total impunidad gracias a sus conexiones con la élite política y académica a la que todavía pertenecen los hermanos Carrera Damas (…) Al día de hoy, Germán Carrera Damas no se ha pronunciado sobre nada de lo ocurrido, aunque el caso constituya parte de la historia colectiva reciente de nuestro país, y a pesar de que el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Linda Loaiza contra Venezuela constituya un hito histórico sin precedentes», señalaron las ONG.
También destacaron la demanda de Loaiza, a quien califican como una referente internacional por los derechos de las mujeres, al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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En 2018, este tribunal internacional determinó que Venezuela era responsable por incumplir sus obligaciones de prohibir la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y por no llevar a cabo la investigación de su caso con celeridad.
Y es que el caso de Linda Loaiza en el país enfrentó retrasos, presiones, destrucción de evidencia, diferimientos e inhibiciones, pues pasó por las manos de 97 jueces y 16 fiscales en un período de seis años. Los delitos de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura nunca fueron sancionados.
Las ONG no solo manifestaron su apoyo a la lucha de Linda Loaiza por más de 22 años para encontrar justicia dentro y fuera de Venezuela, así como su decisión de renunciar al proyecto que adelantaba con la Unimet, a la que instaron a dar «sentido real» a su empeño por «solidificar su institucionalidad» y la búsqueda de «libertades democráticas».
Además, exigieron al Estado venezolano cumplir las obligaciones emanadas de la sentencia de la Corte IDH en el caso de Linda Loaiza y en todas las recomendaciones derivadas de los sistemas de protección de derechos humanos y derechos de las mujeres.
