56% de los profesores de la ULA ha tenido que vender bienes para poder comer
Los trabajadores activos y jubilados de la ULA deben costear un seguro médico que tiene apenas una cobertura de 500 bolívares, un monto ínfimo ante el alto costo de los servicios de salud, lo que representa una desprotección para quienes deban costear cualquier patología
Un informe presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (Odhula) revela la “críticas” condiciones en las que se encuentra el personal que labora dentro de la casa de estudio, esto como consecuencia de los bajos salarios, la inexistente seguridad en materia de salud y alimentaria.
El estudio publicado este 31 de marzo, señala que, en enero de este año el vicerrector administrativo de la ULA, el profesor Manuel Aranguren, comunicó a los Consejos de Administración y Vigilancia de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores de la ULA (Capstula), que no habían recibido los recursos por parte del Ejecutivo que les permitieran cancelar los gastos correspondientes a recursos de las retenciones personales y aportes institucionales de los descuentos de las nóminas de por los menos, los últimos cuatro meses del 2021.
Esta situación llevó a que estén en riesgo los diversos programas de previsión social, incluido el servicio funerario. Según informó una trabajadora de (Captsula), hasta la fecha el servicio solo alcanza a cubrir “un ataúd básico”, velatorio y traslado dentro del municipio Libertador del estado Mérida.
Este servicio no incluye cremación o la parcela para el entierro, servicios que tienen precios muy elevados y que el personal no puede costear con los salarios que percibe.
Este Observatorio efectuó un recorrido por las dos principales empresas que ofrecen servicios funerarios en el municipio Libertador, estado Mérida, y le fue informado que un servicio de urgencia sencillo sin afiliación puede costar$ 650, y si es requerido el servicio de cremación, son $ 235 adicionales.
En la ULA están Sin seguro ni hospital
El informe del Odhula señala que muy a pesar de que los adultos mayores que laboran o son jubilados de la ULA cuentan con tres opciones de cobertura con seguros de salud, sin importar su bajo salario deben realizar un aporte económico que se hace a través del descuento por nómina o mediante transferencias de montos que hasta la actualización del salario eran imposibles de pagar.
El personal universitario jubilado, y el universitario en general, históricamente contó con protección de salud, parte de ella provista por la misma Universidad en ejercicio de su autonomía presupuestaria y a través de planes ejecutados por institutos de previsión social, gremios y sindicatos.
Actualmente, son prácticamente inexistentes los beneficios laborales para la protección de la salud y se agrava por la crisis actual del sistema de salud pública y los altos costos de la salud privada. En efecto, el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula) sufre severas deficiencias de medicamentos y material médico quirúrgico, desde años antes de la llegada de la pandemia.
La Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes (Ofisula), atiende al personal docente y de investigación, así como al personal administrativo, técnico y obrero (ATO), tanto activo como jubilado y pensionado, de la ULA. En la actualidad cuenta con una cobertura de Bs. 500,00. Este seguro brinda cobertura al titular y miembros de su grupo básico familiar inscritos en el Programa de Cobertura Especial.
El mismo se utiliza principalmente para exámenes de laboratorio, servicios de rayos X y ultrasonidos, pues dicho monto es tan bajo que no alcanza para estudios de mayor costo, como una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética, cirugías o gastos de hospitalización. Actualmente, debido a la baja cobertura, no existen convenios con clínicas privadas que lo acepten. Por su parte, el Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) de la ULA, no recibe recursos para gastos de hospitalización, cirugía y maternidad. Desde el año 2019 tampoco recibe los aportes correspondientes a la pensión social, que eran pagados por la OPSU.
Según el presidente del IPP, Virgilio Castillo, no existe ningún aporte del Estado venezolano para la seguridad social del profesor universitario y son éstos mismos quienes pagan por el seguro de cobertura de salud, de manera indirecta del mismo salario de los profesores y de manera directa mediante el pago de un Programa de Cobertura Ampliada del Plan de Salud (PCA) que asciende a 800 dólares anuales.
Durante el 2021, según se ha señalado en reciente informe de Apula y el IPP, la población beneficiaria alcanzó a 12.643 personas, siendo el grupo de edad de 60 años o más el que requirió el 51,99% (33,74 tiene 70 o más años, el 18,25% entre 60 y 69 años)
En una carrera contra el hambre
Según el Observatorio de Universidades (OBU): 56% de los profesores ha tenido que vender o intercambiar bienes personales para comprar alimentos y el 86% ha tenido que reducir sus porciones de comida al día.
En informes anteriores el Odhula ha documentado la progresiva pérdida de peso de gran parte del personal universitario, y por observación directa lo continúa constatando. Como ejemplo de ello, cabe destacar el caso de un profesor de la Maestría en Filosofía que dos meses antes de enfermarse y morir ya había perdido casi la mitad de su peso normal; y con un cuadro de desnutrición severa, murió Antonio Suárez vigilante del campus universitario La Liria.
El informe destaca que, la situación que viven los adultos mayores que por años dedicaron su tiempo a formar a los profesionales del país, es de “una gravedad y complejidad sin precedentes”, asegurando que se perdió aquel “nivel de vida, que les permitía programar una vejez digna y con buena calidad de vida, alimentación adecuada, vivienda y salud, ha descendido a los más ignominiosos niveles de miseria. La misma es consecuencia de la asfixia presupuestaria impuesta a las universidades por parte del Gobierno nacional desde el año 2008, y de la suma de una complejidad de factores por la crisis humanitaria compleja que padece el país; lo que ha devenido en una absoluta desprotección de los derechos humanos más fundamentales, como la alimentación y la salud, que trascienden lo racionalmente explicable, y que condena a estas personas a no vivir del fruto de su trabajo de toda una vida sino a depender de sus hijos u otros familiares, o incluso de la caridad pública”.
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