Relatora de la CIDH: Desalojo contra migrantes venezolanos vulnera sus derechos
Los tres principales impactos de los desalojos para migrantes y refugiados venezolanos durante la pandemia fueron quedar en situación de calle, el riesgo de contagiarse de la covid-19, y la incapacidad de acceder a servicios públicos
Julissa Mantilla, Relatora para Migrantes, Asilo, Refugio y para Personas Mayores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que ese organismo reconoce que hay una crisis humanitaria en Venezuela, además de la existencia de una crisis de movilidad humana en toda la región debido a ello.
La preocupación sobre las personas migrantes y refugiadas venezolanas tiene mucho tiempo, aseveró Mantilla, al tiempo que señaló que el fenómeno de los desalojos «tiene un impacto determinado y diferenciado en los derechos humanos de las personas».
«A pesar de que hablemos de personas venezolanas, entre estos hay diferentes grupos de personas vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres y adultos mayores», recalcó la relatora de la CIDH.
No solo hablamos de perder una vivienda, dijo Mantilla, «el desalojo vulnera múltiples derechos, y en un contexto de pandemia no contar con una vivienda afecta el derecho a la salud. Hay que preguntarse que efectos multidimensionales tienen los desalojos sobre los derechos humanos de las personas venezolanas migrantes y refugiadas de grupos vulnerables».
Además, señaló que cuando la mayoría de las personas encuestadas responden que desean quedarse en los países de acogida, «es allí donde los Estados deben enfocar sus políticas públicas (…) Lo que normalmente sucede luego de un desalojo es que las familias se desplazan al interior del país. La movilidad continua y solo puede ser abordada con políticas coordinadas con perspectiva de derechos humanos».
Migrantes en apuros
La Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS, por sus siglas en inglés) presentó un informe sobre una encuesta realizada en siete países de la región a migrantes y refugiados venezolanos sobre su situación con respecto a vivienda. 40% manifestó que ya habían sido desalojadas durante la pandemia.
La encuesta -realizada en Perú, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Panamá, Brasil y Guyana- arrojó que 81% de los venezolanos quieren quedarse en el país de acogida, mientras que 37% afirmó que se encontraría en riesgo si regresaran a Venezuela.
44% de los consultados afirmó no tener visa y residencia en el país de acogida, 9% manifestó tener una visa temporal y 4,6% se encuentra a la espera de visado. «Esto demuestra el estatus legal ante el acceso a vivienda», destacó Enrique Torrelba, director para América Latina de HIAS.
Juan Betancur, coordinador de la encuesta, también dijo que 39,8% de los encuestados afirmaron encontrarse en riesgo de ser desalojados. 86,6% de los venezolanos encuestados se encuentra en alguna modalidad de contrato de arriendo, pero de ese porcentaje más del 70% tienen un arreglo verbal, lo que constituye una tenencia precaria de la vivienda e imposibilita acceder a la justicia.
11% de los refugiados y migrantes venezolanos no tiene ningún tipo de acuerdo, y es posible que se encuentren en situación de calle o en asentamientos informales. «Esto nos demuestra la magnitud de los desalojos en la región», señaló el investigador.
Los tres principales impactos de los desalojos para migrantes y refugiados venezolanos durante la pandemia fueron quedar en situación de calle, el riesgo de contagiarse de la covid-19, y la incapacidad de acceder a servicios públicos. En el caso de las niñas y adolescentes, así como en mujeres, el hacinamiento incrementa los riesgos de contextos de violencia física y sexual.
Según la encuesta realizada por HIAS, 50% de los migrantes y refugiados viven en una habitación, 18% no tienen ninguna habitación y se mantienen en lugares inadecuados o de alto riesgo.
De los migrantes y refugiados que manifestaron que ya habían sufrido un desalojo, el 88% relató que vivían más de tres personas en un espacio, lo que en muchos casos se traducía en hacinamiento y problemas para el acceso a servicios públicos. «Esto tiene especial impacto en las mujeres, niños y adolescentes, personas discapacitadas o con condiciones de salud crónicas», dijo Betancur.
Además, 87% informó que el desalojo fue producto de la incapacidad de pago, y 81% consideró que no hubo presencia de ningún mecanismo de protección en sus casos (Institutos de la Mujer, de niños y adolescentes o de apoyo a personas con discapacidad).
