Condiciones electorales y ANC son los temas duros de negociación en Dominicana
El chavismo y la oposición van divididos a una mesa de diálogo, donde el gobierno tiene la ventaja y los partidos democráticos se juegan su supervivencia
Autor: Armando Pernía
Observadores y analistas creen que el único saldo posible de la nueva ronda de negociación entre el Gobierno y la oposición, que comienza este jueves en República Dominicana, es la eventual definición de un marco relativamente convenido para la realización de elecciones presidenciales, probablemente durante el segundo trimestre de este año.
Al menos ese parece ser el objetivo casi único de las Cancillerías de México y Chile, acompañantes del proceso de conversaciones junto con Nicaragua, Bolivia, Sant Vincens y las Granadinas, República Dominicana y, a título personal, del ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello incrementan la presión sobre la delegación de la administración de Nicolás Maduro.
A juicio del politólogo Ricardo Ríos, presidente de la Consultora Poder y Estrategia, de los seis temas puestos sobre la mesa para la discusión, solo dos pueden trancar definitivamente este intento de acuerdo político: el reconocimiento de la Asamblea Constituyente y las condiciones electorales.
“Lo cierto es que en este proceso de diálogo no participan ni la oposición completa ni el chavismo en toda su complejidad; de hecho, esta es una negociación donde participa el madurismo, porque otros sectores chavistas no están de acuerdo. Es más, las reacciones recientes de Jorge Rodríguez, que pueden interpretarse como un velado boicot de las negociaciones, sugieren que este grupo podría estar reconsiderando si el diálogo les conviene o no”, apunta Ríos.
¿Por qué el Gobierno dialoga, entonces? “Lo que busca el Gobierno es cerrar aunque sea un frente ante la complicada situación que está enfrentando. Es como el pacto Ribbentrop-Molotov, previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos intentaron desmovilizar a los alemanes, porque necesitaban resolver otros gravísimos conflictos internos. El enfrentamiento dentro del chavismo se ha agravado y la situación del país es muy peligrosa, por lo que al sector que gestiona el Gobierno le viene bien algún tipo de arreglo con un sector representativo de la oposición”, dice Ríos.
El politólogo John Magdaleno ha dicho en diferentes escenarios que, para el Ejecutivo, las conversaciones con la oposición no solo sirven para “ganar tiempo”, sino para tratar de apuntalar sus opciones de supervivencia política, incluso en la eventualidad de que perdiera las elecciones presidenciales.
Y he aquí que aparece el segundo gran problema para ambas partes: la Asamblea Nacional Constituyente. El Gobierno insiste en que la oposición debe reconocer la legitimidad de este cuerpo parlamentario y, en consecuencia, acatar sus disposiciones.
El problema para la administración Maduro no es el desconocimiento interno de la “majestad institucional” de la ANC, sino su inutilidad como herramienta de legitimación internacional del Gobierno, por lo que no puede negociar la flexibilización o la definitiva supresión de las sanciones financieras que lo afectan.
El asesor técnico de la delegación opositora en Quisqueya, el economista Asdrúbal Oliveros considera que el Gobierno necesita “respaldo político” de la oposición para ganar credibilidad ante los inversionistas estadounidenses y europeos, pues incluso una eventual renegociación de la deuda podría avanzar con más certidumbre.
A todo riesgo
A juicio de Ricardo Ríos, el objetivo estratégico para la oposición es lograr el “mejor acuerdo posible” para ir a unas elecciones presidenciales, a pesar que ni siquiera tiene un candidato probable. Algunas señales provenientes de la delegación opositora que participa en la cita quisqueyana parecen confirmar la afirmación del politólogo.
Temas como la apertura de un canal humanitario para recibir ayuda internacional en materias tan vitales como alimentos y medicinas, o la liberación de todos los presos políticos son relevantes, por su impacto social y su pegada política, pero la delegación de la oposición, que sigue encabezada por el diputado Julio Borges, lo que busca es abrirle paso a unos comicios presidenciales “relativamente limpios, con adecuada supervisión internacional y garantías para la participación de los partidos democráticos”, dijo una fuente del equipo asesor.
La oposición se juega su futuro en este proceso en medio de gravísimos riesgos, muchos de los cuales provienen de su propia dinámica interna, pues hay grupos que apuestan por el fracaso del proceso de manera ostensible.
Para Ríos, la oposición necesita definir una estrategia de acción política que trascienda la comunicación con el Gobierno o algún tipo de arreglo electoral, si no lo hace estará perdida. “Necesita recuperar urgentemente la confianza de su electorado duro, que se ha resquebrado sensiblemente”, dice el politólogo.
El encuestador Félix Seijas, en una comparecencia radial reciente, puso cifras al dilema electoral. El Gobierno parece tener un techo de alrededor de cinco millones de votos, pero puede ganar con ellos porque tiene la capacidad de movilizarlos, mientras que las encuestas evidencian que cerca de 10 millones de electores podrían votar contra Maduro, pero la oposición no parece capaz de convocarlos.
“La oposición ha perdido directamente 3,5 millones de votos en tres años, y es urgente que genere una estrategia unitaria y con vocación de poder para tratar de recuperarlos. Eso no puede ser más urgente”, advirtió el experto.
Con las cartas marcadas
Para ambas partes la negociación política plantea problemas altamente complejos, pero es claro que la ventaja la tiene el Gobierno, no solo por su control institucional, sino porque juega con cartas marcadas.
Por ejemplo, la administración Maduro saca de la cárcel -que no libera definitivamente- a los presos políticos que quiere, sin negociar una lista con la oposición, por lo que mantiene prisioneros a dirigentes que son muy relevantes para el sector social que lo adversa y, sin embargo, se pavonea ante la comunidad internacional por su presunta magnanimidad.
El Gobierno se niega a abrir el canal humanitario para no reconocer las manifestaciones más perversas de la crisis social; sin embargo, pretende hacer pasar sus “misiones sociales” como herramientas indispensables para “proteger al pueblo” y, por lo tanto, evitar negociarlas como parte de un acuerdo que regule la conducta del Ejecutivo durante el período electoral, en función de preservar su tradicional ventajismo.
Varios analistas coinciden en que las elecciones presidenciales no están supeditadas a los resultados del diálogo en República Dominicana, y ese es un dato fundamental. La fecha de los comicios para elegir al sucesor de Nicolás Maduro depende exclusivamente de que existan condiciones favorables para el chavismo.
Por esto el politólogo Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategia, considera que el tema clave para el madurismo en Santo Domingo es legitimar a la Asamblea Constituyente, porque este organismo “representa una suerte de seguro de vida para el chavismo, sobre todo en la eventualidad de perder la Presidencia, porque el nuevo gobierno tendría que coexistir con la ANC, al menos por un tiempo. Esta entidad le garantiza al PSUV por lo menos una transición negociada, en el peor de los casos”.
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