140 presos políticos están desaparecidos y al menos otros 16 en aislamiento, denuncia ONG
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha verificado el «uso sistemático del aislamiento prolongado como método de castigo, coerción y tortura». Esta práctica, señala, «contraviene los estándares internacionales en la materia» al negar todo contacto humano, acceso a la defensa técnica y comunicaciones regulares del detenido con sus seres queridos
Desde hace meses el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha denunciado las desapariciones forzadas y el aislamiento en cárceles como parte de un patrón aplicado por la administración de Nicolás Maduro contra opositores detenidos. En un documento entregado al Ministerio Público señalan que 140 personas están desaparecidas y al menos 16 aislados en sus centros de reclusión.
«La negación deliberada de información sobre el paradero y estado de los detenidos en todos los centros de reclusión suma a los familiares en un estado de angustia y constituye la desaparición forzada, violando categóricamente el artículo 45 de la Constitución», reclamó el Comité en un documento, entregado a la Fiscalía el martes 18 de noviembre.
Señalan que 140 personas están actualmente desaparecidas. El número es ligeramente inferior a los 160 que registra la ONG Justicia, Encuentro y Perdón hasta el 5 de noviembre, aunque contrasta con los 56 que contabiliza el Foro Penal hasta el pasado lunes 10.
Además, destacan que los traslados arbitrarios se conjugan con las desapariciones, como el caso de los tenientes coroneles Víctor Soto Méndez, Juan Carlos Peña Palmentieri, Deibis Mota Marrero, Cruz Pérez Lugo y Pedro Garrido Guillén; además del teniente Suárez Requena; los sargentos Yohnser Noguera y Roger Avelino Zambrano; y los capitanes Nicolás Rodríguez, Ronald Marrero, William Paredes y Carlos Aguilar.
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Este grupo, según han dicho familiares, ya tiene sus condenas cumplidas. A principios de noviembre, estos militares fueron sacados del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde, y llevados a paradero desconocido.
«Les dijeron que recogieran sus pertenencias porque iban a ser llevados a tribunales ya que les iban a otorgar su libertad por haber cumplido su sentencia completa. Mayor sorpresa que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos», ha dicho Sandra Hernández a nombre de los familiares.
Han acudido a diversos centro de reclusión, según Hernández, incluyendo la Dirección General del Servicio Penitenciario Militar (Dispemil) y otras dependencias ubicadas en Fuerte Tiuna para tratar de obtener información, pero no han obtenido respuestas.
«Allí (en Fuerte Tiuna) les han dicho que no se preocupen que ellos están vivos, pero no hay una fe de vida certera», afirmó la mujer.
Entre el grupo de personas desaparecidas de manera forzada, el Comité también contabiliza a 20 personas pertenecientes a la causa Gedeón que se encontraban detenidos en Sebin El Helicoide, en Caracas.
Por otra parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha verificado el «uso sistemático del aislamiento prolongado como método de castigo, coerción y tortura». Esta práctica, señala, «contraviene los estándares internacionales en la materia» al negar todo contacto humano, acceso a la defensa técnica y comunicaciones regulares del detenido con sus seres queridos.
En esta situación se encuentran:
- Alfredo Díaz
- Biagio Pilieri
- Carlos Enrique Conde Márquez
- Catalina Ramos
- Jesús Armas Monasterios
- Juan Bautista Guevara
- Juan Pablo Guanipa
- Luis Somaza
- Luis Palocz
- Otoniel Guevara
- Perkins Rocha
- Rolando Guevara
- Henryberth Rivas
- Juan Carlos Monasterios
- Antonio Sequea Torres
- Rafael Castro Sandoval
«A ellos se le aplica el régimen de aislamiento total sin visitas, situación que exige la intervención inmediata de la Fiscalía General para el restablecimiento de sus derechos», asevera el Comité.
En el caso de Perkins Rocha, Enrique Márquez, Luis Somaza y Perkins Rocha pudieron recibir una visita a principios de octubre. Desde entonces nuevamente se les negó a sus esposas, hermanas o madres acceso a los detenidos.
Sin embargo, el Comité no incluye a José Riera, un activista de Voluntad Popular detenido el pasado 26 de julio. Sus hermanas comentan a TalCual que en una oportunidad se les devolvió la ropa con la que fue arrestado en la sede de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (DIEP-PNB) ubicada en La Quebradita, Caracas.
«La única fe de vida es que nos devolvieron la franela con la que lo detuvieron. A veces nos reciben la paquetería, a veces no. Unos días nos dicen que se encuentra allí y después lo niegan. De verdad que es angustiante», señala Hilary Ibarra, una de las hermanas de Riera.
También está la situación del teniente Jefferson Dos Ramos (caso Paramacay), los sargentos Geomer Martínez Natera y Andrés Paredes Soler (caso Cotiza), y el alistado de la Guardia Nacional Daniel Crespo. A este grupo de militares, recluido en el Fuerte Guaicaipuro, se les prohibió las visitas desde el pasado 20 de abril.
Los familiares apenas reciben una llamada telefónica de tres minutos y medio cada 15 días o más. Tampoco reciben los medicamentos que entregan como parte de la paquetería.
La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju denunció el pasado 20 de octubre que estas personas estaban «vomitando y evacuando sangre», debido a problemas de salud. Al reclamar su traslado a un centro médico, fueron encerrados en una celda de castigo. Una familiar comentó entonces que «no hay nada que diga que están bien».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
