Voluntad Popular contabiliza al menos 3500 detenidos por protestas desde enero
La abogada Ana Leonor Acosta dijo además que algunos de los sitios de reclusión no cuentan con el servicio eléctrico ni de agua y existe un elevando hacinamiento
La dirigente nacional de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, denunció que desde enero se contabilizan al menos 3500 detenidos por protestas en todo el país, de los cuales 28 son dirigentes de su partido.
Pichardo alertó sobre una nueva ola de “brutal persecución” del régimen de Nicolás Maduro contra la dirigencia de VP. “En el país hay actualmente 1.011 detenidos por razones políticas y desde el 23 de enero hemos tenido 28 detenciones de nuestros activistas en todo el país; entre ellos, Roberto Marrero, jefe del despecho presidencial del presidente Juan Guaidó, quien la semana pasada sufrió de un ataque hipertensivo y no ha recibido la atención médica necesaria”.
A juicio de la diputada, se aplica un patrón de detenciones y persecución contra Voluntad Popular, iniciando por la dirigencia y ahora hacia las bases del partido. “Nosotros estamos actuando para bien, apegados a la Constitución y seguiremos en la calle junto a la Asamblea Nacional y al pueblo, llevando a cabo la ruta de nuestro presidente Guaidó. Tendrán que usar el Poliedro de Caracas para encarcelar a todos los venezolanos”.
Por su parte, la abogada Ana Leonor Acosta rechazó la brutal represión ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares identificados con el oficialismo en el estado Zulia, donde resultaron heridos mujeres y niños.
Además, destacó que la represión a manifestaciones el fin de semana dejaron al menos 200 manifestantes detenidos en el territorio nacional.
“Queremos denunciar el patrón de persecución de la dictadura durante la última semana: se ha desatado una persecución contra los políticos y las personas que manifiestan pacíficamente por los servicios públicos. Vimos cómo se llevaron detenidos a los diputados Nora Bracho y Renzo Prieto, y el allanamiento a la vivienda de Robert Alcalá. El régimen ha aumentado aún más la persecución contra la disidencia política, a quienes incluso les han anulado sus pasaportes”, señaló la abogada.
Acosta dijo además que algunos de los sitios de reclusión no cuentan con el servicio eléctrico ni de agua y existe un elevando hacinamiento, por lo que alertó sobre posibles epidemias que puedan desatarse en las cárceles.
“En las cárceles donde mantienen a los precios políticos, como la cárcel militar de Ramo Verde y en El Helicoide, denuncian que no hay agua potable y las condiciones salubres son terribles. Los alimentos no pueden ser consumidos por esta misma razón. A los detenidos durante el fin de semana en el estado Zulia, los liberaron bajo medidas cautelares porque no tienen ni siquiera donde tenerlas detenidas”, destacó.
La abogada también hizo un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre el accionar de los grupos paramilitares armados. “Rechazamos la actuación de estos grupos en estados como Zulia, Lara. La comunidad internacional debe preguntarse ¿quién está armando a estos grupos y porque actúan con impunidad? Si no hay Estado de derecho, no hay justicia para nadie”.
