Virus estatista, por Teodoro Petkoff
A la estatización de las contratistas venezolanas de Pdvsa en la Costa Oriental del Lago, ha seguido, en Guayana, la de cinco empresas procesadoras de hierro, suministradoras de Sidor. Aunque toda estatización constituye, obviamente, una acción política, suele suceder, en no pocas oportunidades, que ellas posean una determinada pertinencia o justificación puramente económica, además de la política. No es este el caso de estas últimas estatizaciones en nuestro país. De hecho, en estricto sentido económico, no sólo son completamente innecesarias sino que, muy probablemente, terminen siendo altamente contraproducentes desde aquel punto de vista.
Es forzoso concluir, pues, que su razón de ser es exclusivamente política.
Forman parte de una concepción estatista, centralista y autocrática de las relaciones entre el Estado y la sociedad, que se acerca a la que fue propia de los regímenes comunistas que se hundieron con la Unión Soviética y que sobreviven en Cuba y NorCorea y han mutado, en lo económico que no en lo político-institucional, en capitalismo salvaje en China y Vietnam. El estatismo en lo económico, el centralismo y el autocratismo en lo político-administrativo, son mecanismos además los represivos para la afirmación y consolidación de un poder político (personal o de partido), no democrático y con la pretensión de controlar, más allá de los poderes públicos, a la propia sociedad.
La estatización de casi todo cuanto tiene que ver con la industria petrolera, al igual que todo lo que atañe al hierro y la siderurgia, a la electricidad, a la columna vertebral de las telecomunicaciones, al aluminio, da al Estado, de entrada y entre otros objetivos, una capacidad de controlar y, eventualmente, silenciar, a los núcleos laborales más concentrados, más modernos y más organizados de toda la economía. Lo más importante de la organización laboral venezolana está concentrado en esos sectores. De hecho, en estos los niveles de sindicalización son muy superiores al promedio nacional, que hoy es bastante bajo. Para un proyecto totalitario es esencial anular la capacidad de acción de esos trabajadores. Todo el poder del Estado será puesto al servicio de ese objetivo. Desde el chantaje del despido masivo («Lo hice con Pdvsa, no me cuesta nada hacerlo con ustedes», amenazó Chacumbele a los obreros de Guayana), jugando, como el capitalismo más salvaje, con lo que Marx denominara «ejército industrial de reserva», esto es, los miles de desempleados disponibles para sustituir a los despedidos; hasta la reformulación primero y la liquidación después, de la contratación colectiva, pasando por la neutralización de los sindicatos mediante los inefables «consejos obreros» y la criminalización de la protesta obrera, con tribunales complacientes que cumplirán las órdenes -todo, pues, será lanzado contra el movimiento obrero de las empresas estatales. Dicen que guerra avisada no mata soldados.
