Al menos 30 países piden renovar mandato de la Misión de Determinación por dos años
La resolución elaborada por un grupo de seis países, encabezados por Canadá, deberá ser debatida y votada en la primera semana de octubre. Perú, que en principio impulsó esta iniciativa para renovar la Misión de Determinación, dio signos de no apoyarla más, a pesar de condenar la violación de DDHH en Venezuela y ser partidario de reactivar la mesa de México
El miércoles 28 de septiembre fue introducido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el proyecto de resolución para renovar el mandato por dos años más de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que investiga graves violaciones de derechos humanos en el país al menos desde 2014.
Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay, junto al respaldo de otros 30 países, fueron los encargados de llevar el proyecto ante la instancia de la ONU para ser votada entre el 6 y 7 de octubre; una petición a la que ya se había opuesto Venezuela, Cuba, China y Rusia.
El objetivo que se persigue es «luchar contra la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas», así como se plantea que dicha misión presente una actualización de su informe en los periodos de sesiones 52° y 55° del Consejo de DDHH y prepare dossiers escritos para ser entregados en los periodos 54° y 57°.
Perú, que era una de las naciones que respaldaba esta iniciativa, emitió un comunicado en el que ratifica su condena a la violación de los DDHH en el país pero no hizo mención expresa a la renovación del mandato de la mencionada Misión.
Manfiesta también su valoración a la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU en Venezuela y ratifica la importancia que tiene para el monitoreo, reporte y de asistencia técnica de lo que sucede, mientras que exhorta a la administración de Nicolás Maduro a continuar profundizando esa relación y se muestra afín a respaldar el proceso de diálogo en México.
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La Misión de Determinación de Hechos presentó el martes 20 de septiembre su tercer informe anual respecto a la situación en Venezuela, centrándose en la cadena de mando y la comisión de crímenes de lesa humanidad que cometieron los servicios de inteligencia como el Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En el informe, que se dio a conocer por vía telemática y fue ratificado el 26 de septiembre ante el Consejo de DDHH, la misión asegura que sus investigaciones evidencian, con «motivos razonables», que aquellos que ocuparon (y ocupan) las estructuras dentro de ambos cuerpos de seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad y que en esos organismos funcionan de forma coordinada y eficiente para reprimir a quienes adversan la administración de Nicolás Maduro con la anuencia de quienes están en el poder.
Además centra una segunda parte de su informe en la grave violación de derechos humanos cometidos en el Arco Minero del Orinoco. La Misión determinó que existe conninvencia entre organismos de seguridad del Estado y grupos armados para el control del territorio y explotación de las minas, que afecta especialmente a indígenas, mujeres y niños.
Entre los delitos denunciados en la zona están las torturas, desapariciones forzosas e incluso explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Tras la presentación del informe, el representante de la administración de Nicolás Maduro en la ONU, Héctor Constant, dijo que Venezuela tomará medidas “políticas y diplomáticas pertinentes”, tanto en ámbitos regionales como multilaterales, contra los Estados que apoyen la eventual renovación del “mecanismo injerencista”, como denominó a esta misión de la ONU.
Con información de Provea / Monitoreamos
