Vamos a ver, por Teodoro Petkoff
A pesar de que algunas personalidades importantes del mundo empresarial estuvieron presentes en la reunión que convocó Chávez, lo cierto es que el acto no fue representativo del sector. No lo dividió. Pero tuvo importancia porque sirvió para lanzar algunas iniciativas gubernamentales que deberían ser rápidamente desarrolladas si se quiere avanzar por el camino de buscar salidas prácticas y fecundas al grave choque de trenes que está en proceso. La designación de José Vicente Rangel como una suerte de negociador por parte del Gobierno es ya un cambio de actitud, en el buen sentido, respecto de la jaquetonería con la que inicialmente Chávez acogió la decisión del paro empresarial. Ya no es el «Que se paren, vamos a ver qué poder de convocatoria tienen». El Gobierno se ha visto forzado a reconocer que existe un importantísimo sector del país, en pie de lucha, con el cual no puede menos que conversar. No hay otra manera de entender la designación de Rangel. Fedecámaras y los demás organismos gremiales del empresariado no pueden, en principio, negarse a atender este primer llamado a dialogar.
Pero se puede comprender la dureza de la primera reacción empresarial. Han sido demasiadas las veces en las que los contactos con el Gobierno no han sido sino formalidades sin consecuencias. Demasiadas las frustraciones. El diálogo no puede ser un show mediático. Si el Gobierno plantea conversar es para buscar salidas y soluciones y no, como tantas otras veces, para «marear» a la gente. Así como Chávez exige reconocimiento para su Gobierno y para la Constitución, en lo cual tiene absoluta razón, el Gobierno debe, a su vez, reconocer la legitimidad de la representación gremial, cesar la descalificación de ésta y abandonar las tentativas de dividir el cuerpo empresarial. Sin embargo, más allá de esto, que es básico, está el problema real: las leyes recientemente aprobadas. ¿Cómo se va a atender el reclamo que exige una revisión de ellas? Rangel debe tener respuestas para esto o de lo contrario el dialogo fracasará. Por ejemplo, desde aquí nos sumamos a la idea de aprobar una vacatio legis, a fin de abrir tiempo y espacio para el reexamen de las leyes en el Parlamento. Muchas de las leyes promulgadas afectan directamente la actividad económica. Lo menos que pueden exigir patronos y trabajadores es que se les oiga y se discuta con ellos las opciones propuestas. Eso no se hizo en su momento, pero si hay real voluntad de solucionar problemas, se puede hacer ahora. Con modo todo se puede, decía Bolívar. Desde luego, se negocia para buscar transacciones y aunque no todo se puede transar, la mera discusión ya es ganancia. Hay, pues, que someter a prueba la intención que preside la designación de un negociador por parte del Gobierno. El punto, para nosotros, es muy claro. Un gobierno democrático, en una sociedad democrática, por definición plural y diversa, no puede administrar el país a la brava, imponiendo a machamartillo sus criterios. Está obligado a la búsqueda de acuerdos mínimos que aseguren la gobernabilidad. De lo contrario, lo que ocurre es la dictadura. Pero la dictadura deslegitima al Gobierno y legitima la rebelión
