TSJ declaró procedente solicitud de extradición de Nervis Villalobos
Nervis Villalobos fue detenido en España por segunda vez en octubre de este año junto a un yerno del opositor Antonio Ledezma, por presunto blanqueo de capitales en ese país
El Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición del exministro Nervis Villalobos Cárdenas, para ser sometido a juicio por los presuntos delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación.
En la sentencia 333 de la Sala de Casación Penal, con ponencia de Maikel Moreno, se mencionó que la justicia venezolana garantiza que le serán respetados sus derechos y las debidas garantías consagradas en la Constitución.
En diciembre de 2017, el Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas emitió una orden de captura contra Villalobos por estos delitos, junto a otras 18 personas como Eudomario Carruyo, Luis Carlos de León Pérez o el exviceministro Javier Alvarado.
Nervis Villalobos fue detenido en España por segunda vez en octubre de este año junto a un yerno del opositor Antonio Ledezma. Se alegó que se han encontrado nuevos indicios de blanqueo contra él, concretamente el que lavara dinero proveniente de sobornos de Pdvsa en una promoción de viviendas unifamiliares en la ciudad costera española de Marbella, ubicada al sur de España, en donde participaron Luis Fernando Vuteff, Sánchez Combán y Ale Iturralde en la sociedad Columbus Properties One.
Hasta ahora, la Justicia española investigaba a Villalobos por haber transferido casi siete millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a él y lavar luego parte de ese dinero en actividades inmobiliarias en España.
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Las investigaciones en Venezuela iniciaron luego de un allanamiento a las oficinas y propiedades de Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez Carreño. Según el Tribunal, en esa investigación se evidenció un entramado de empresas que permitió a funcionarios públicos, particularmente de la estatal Pdvsa, «incurrir en actos de corrupción que fueron ejecutados valiéndose de las funciones que dentro de la industria poseían, verificándose en el desarrollo de ese accionar la participación de ciudadanos particulares».
La suma de dinero que fue blanqueada a través de cuentas que las empresas del Grupo Salazar mantenían en la Banca Privada de Andorra, para el período comprendido de octubre de 2011 a noviembre 2012, alcanza, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, más de un millardo 300 mil euros.
