Trump habla de «petróleo robado» pero experto recuerda que deuda es con empresas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el 16 de diciembre que Venezuela debe «devolver» a su país «todo el petróleo, las tierras y otros activos» que, según él, fueron «robados previamente». En NocheD, el economista petrolero Rafael Quiroz Serrano afirmó que esa narrativa desconoce la historia petrolera venezolana y que las deudas vigentes derivan de expropiaciones de 2007 reclamadas por compañías privadas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 16 de diciembre que Venezuela de devolver a Estados Unidos «todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente». A las palabras de Trump se sumó una publicación en X de Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el 17 de diciembre. Miller escribió: «El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas».
En conversación con el periodista Víctor Amaya, el economista petrolero Rafael Quiroz Serrano sostuvo que, más allá de la intención política o provocadora de las declaraciones, Trump está «profundamente equivocado» al hablar de «robo» del petróleo.
Quiroz Serrano insistió en una distinción: el recurso del subsuelo y los activos de la industria. Dijo que «el petróleo nunca ha dejado de ser venezolano» y que en 1976 lo que se nacionalizó fue la industria, no el recurso. Según explicó, con la nacionalización se expropiaron los activos de las transnacionales que operaban hasta el 31 de diciembre de 1975, pero se pagaron indemnizaciones.
El economista señaló que el Estado venezolano canceló «hasta la última tuerca» y ubicó el monto en «algo más de 5.600 millones de dólares», pagados por cuotas durante varios años, sin que —según su versión— quedaran conflictos públicos con las compañías al cierre de ese proceso.
Por qué se nacionalizó en 1976
Ante una pregunta enviada por un usuario sobre si en la Ley de Hidrocarburos de 1943 ya estaba prevista la reversión de activos, Quiroz Serrano respondió que era «relativamente cierto» y destacó que esa ley —en su versión— mejoró la participación venezolana en ganancias y ordenó el negocio, pero no resolvió el control operativo.
En su explicación, dijo que la decisión de 1976 se apoyó en pasos previos: el esquema 50/50, luego el 60/40 y, en el primer mandato de Rafael Caldera, la nacionalización del gas, el valor fiscal de exportación y la ley de reversión petrolera de 1973 como «preámbulo» de la nacionalización.
También aludió a un debate histórico: si era mejor esperar hasta 1983, cuando —según su recuento— se extinguirían concesiones y los activos revertirían sin indemnización. Quiroz Serrano dijo no compartir esa tesis y afirmó que las ganancias de las transnacionales en esos años habrían superado lo pagado por indemnizaciones.
2007: la «migración» a empresas mixtas y las demandas
El núcleo de la discusión, según Quiroz Serrano, está en 2007. Explicó que en ese año se ejecutó el paso a empresas mixtas —un proceso que el chavismo llamó «nacionalización»— y que allí sí hubo expropiaciones y reclamos por compensaciones que, a su juicio, se manejaron de manera «torpe» y generaron litigios en tribunales internacionales.
De acuerdo con su relato, algunas compañías aceptaron las condiciones y otras no. Citó como ejemplos a ConocoPhillips y Exxon Mobil entre las que rechazaron los términos y se retiraron, lo que desembocó en demandas fuera del país. Sobre ConocoPhillips, dijo que el reclamo inicial fue de 14.000 millones de dólares, que Pdvsa ofreció un monto menor, y que en Londres se fijó una cifra alrededor de 7.000 millones; como no se pagó, añadió, el caso avanzó en EEUU, con un laudo en torno a 8,4 «miles de millones» de dólares y efectos sobre el proceso de subasta de Citgo. También mencionó que a esa disputa se suman otras reclamaciones, como la de la minera Crystallex, y otros casos de empresas estadounidenses por montos adicionales.
En síntesis, Quiroz Serrano respondió a la pregunta central del programa —si Venezuela debe algo a Estados Unidos en materia petrolera— con un matiz: señaló que la deuda no sería con el Estado estadounidense, sino con empresas privadas que demandaron por expropiaciones de 2007. En ese marco, interpretó que Trump estaría defendiendo intereses del sector privado, pero criticó que lo haga con un discurso que, dijo, confunde episodios históricos y soberanía del recurso.
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