Trabas legales hacen dudar de éxito del petro como mecanismo de financiamiento
El petro, la criptomoneda anunciada en días pasados por Nicolás Maduro, podría convertirse en una nueva emisión de compromiso de deuda que, lejos de permitir el financiamiento externo que el gobierno espera, mantenga las limitaciones para que personas e instituciones de Estados Unidos puedan transar con ella y por ende, no lograr su cometido.
A esta conclusión llega el banco de inversión Torino Capital, cuyos analistas estiman que incluso si el gobierno lograra superar estas trabas, la credibilidad seguiría siendo la piedra en el zapato de la moneda digital.
“Es probable que los actores económicos tengan, en el mejor de los casos, una confianza limitada en el compromiso del gobierno de honrar la garantía implícita en el respaldo petrolero de la moneda”, señala el banco en su informe semanal.
Al igual que muchos otros analistas, Torino se pregunta si el petro no será más bien una especie de “bono” respaldado en petróleo y oro, lo que a largo plazo podría implicar un mayor compromiso de las reservas naturales del país.
“Cabe preguntarse si Venezuela efectivamente busca entregar títulos de propiedad de las reservas petroleras para obtener financiamiento. Si este fuese el caso, entonces la iniciativa implicaría la privatización de las reservas de oro del país. Esta decisión sería extremadamente controversial, y su legalidad y constitucionalidad sería severamente cuestionada”, detalla.
Torino precisa señala que dado el pobre desempeño del gobierno en materia de provisión de data económica confiable, los potenciales tenedores de esta moneda probablemente sospecharán que sus posiciones serán rápidamente infladas por el gobierno con el paso del tiempo.
En lo que sí ve un punto positivo es en el hecho de que si el gobierno permite que los petros puedan ser cambiados por bolívares a una tasa determinada por el mercado, y también por dólares y otras monedas en plataformas de intercambio internacional, la criptomoneda podría abrir un espacio para la creación de un mercado cambiario legal, similar al llamado sistema permuta que funcionó entre 2003 y 2010.
“Es posible que pueda servir como un vehículo de intermediación para transacciones cambiarias domésticas y, por tanto, de una vía para la legalización del mercado paralelo”, concluye Torino.
