Trabajadores quieren garantizar reenganches con ley de garantías solicitada a la AN
Este instrumento legal, del cual pedirán sea discutido lo más pronto posible dentro de la Asamblea Nacional, también prevé la «protección y el derecho a la huelga o paro cívico, durante el proceso de transición democrática»
Protestar por el cese de la usurpación o mejores condiciones laborales tiene consecuencias dentro de la administración pública y el sector privado. Despidos injustificados, inicio de investigaciones o judicialización de empleados son algunas de las situaciones que pretenden resarcir con la Ley de Garantías constitucionales a los trabajadores, una petición de las centrales y sindicatos al presidente encargado Juan Guaidó.
El martes 19, el anteproyecto de ley (que consta originalmente de nueve artículos) será entregado al también presidente de la AN y parte de la junta directiva, donde se solicita como primer punto garantizar los derechos laborales, civiles, sociales, políticos y económicos de los trabajadores que hayan sido despedidos, removidos o sancionados judicialmente por declararse en desobediencia.
En el artículo 1 además se solicita una indemnización por «daños económicos, morales y psicológicos consecuencia de la persecución y la aplicación de terrorismo laboral y sindical y el terrorismo de estado».
La solicitud se realiza en base a los artículos 29 y 30 de la Constitución, que establecen la obligación del Estado de investigar y sancionar los delitos de derechos humanos cometidos por sus autoridades y de indemnizar integralmente a las víctimas.
Por ello, el artículo 2 establece que los empleados de la administración pública o entes privados que hayan sido despedidos, removidos o desmejorado sus condiciones laborales por razones políticas «antes, durante y después del proceso de transición democrática, deberán ser reenganchados de manera inmediata y pagados los salarios caídos».
El secretario encargado de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, indicó que necesitan una ley para la protección “que por defender la democracia sea despedido. Que sea reincorporado sin previo juicio”.
La CTV tiene cuatro dirigentes privados de libertad en el estado Bolívar y más de 100 bajo régimen de presentación por protestar contra el régimen de Nicolás Maduro y exigir reivindicaciones laborales.
Por su parte, la presidente del Colegio de Enfermeros de Caracas, Ana Rosario Conteras, explicó que en el sector existen desde julio de 2018 más de 200 destituciones desde el paro indefinido en el sector «que consideramos son producto de una retaliación parte de las autoridades del seguro por haber elevado nuestra voz de protesta».
Derechos garantizados
Este instrumento legal, del cual pedirán sea discutido lo más pronto posible dentro de la Asamblea Nacional, también prevé la «protección y el derecho a la huelga o paro cívico, durante el proceso de transición democrática y en el restablecimiento del orden constitucional».
El artículo 5 también deja sin efecto “los procedimientos arbitrarios, las resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos que hayan producido despidos, sanciones laborales y judiciales, limitaciones o suspensiones de los derechos laborales y civiles, antes, durante y después del proceso de transición democrática y que haya sido consecuencia o que deriven del desconocimiento del gobierno usurpador o por manifestar opinión contraria al régimen”.
El anteproyecto también obliga al Estado a devolver los “bienes muebles e inmuebles que fueron despojados a organizaciones sindicales y a sus trabajadores por manifestarse en contra del gobierno”.
Por último, se pide establecer un programa de “apoyo financiero, créditos, de subsidio directo transitorios con recursos tanto de origen nacional como internacional, que permita atender en función de las prioridades y necesidades de las distintas regiones y municipios, aquellos sectores productivos para la pronta recuperación de la economía nacional”.
