Trabajadores de la AN despedidos durante administración chavista exigen reenganche
La retaliación política pareciera ser el único motivo por el cual la nueva administración chavista de la AN habría ordenado despidos masivos, según denuncian dirigentes sindicales que amenazan con presentar esta queja ante la OIT
En el transcurso de los últimos ocho meses, desde que el chavismo tomó las riendas de la administración de la Asamblea Nacional, unos 1.000 empleados han sido despedidos sin causas justificadas, vulnerando las leyes laborales promovidas y promulgadas por el mismo chavismo.
Frente a esta arbitrariedad por parte de la nueva gestión, los trabajadores perjudicados solicitan un reenganche inmediato a sus cargos, aunque el Ministerio del Trabajo hace oídos sordo ante estas peticiones.
«Funcionarios y trabajadores de la Asamblea Nacional han sido despedidos de manera injustificada desde el mes de febrero de este año. Hasta el presente, no ha sido posible que desde el Ministerio del Trabajo se de respuesta a las exigencias de reenganche de los compañeros», destacó el secretario general del Sindicato de Funcionarios de la Asamblea Nacional (Sinfucan) y de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, José Vicente Rivero.
El dirigente sindical detalló que desde Sinfucan y la Central de Trabajadores ASI se han dirigido cuatro veces al Ministerio para llevar esta exigencia, pero la respuesta del organismo gubernamental ha sido «el silencio absoluto», por lo que se comete una violación de los derechos laborales con la permisividad del Minsterio.
«Estamos exigiendo el retorno inmediato de todos pues se están violando derechos humanos fundamentales de más de 1.000 trabajadores que hoy no tienen empleo e ingresos, en estos tiempos tan difíciles para el país y en pena pandemia», recalcó.
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Ante la ausencia de justificación para ejecutar los despidos, surge la teoría de que son consecuencia de «retaliaciones políticas e ideológicas». Es decir, que se habría producido una «cacería de brujas» en la que resultaron afectados los trabajadores contratados durante la gestión de la AN electa en 2015.
De ser así, se etaría violando el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece el principio de no discriminación que impide ejecutar cualquier exclusión o distinción en función de la raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social del trabajador.
Por lo tanto, ante el silencio del Ministerio del Trabajo, los dirigentes sindicales se verán en la obligación de recurrir a la OIT y sus comités de aplicación de normas y de libertad sindical. La finalidad será introducir un nuevo recurso de queja contra el Estado venezolano por violar los convenios 87, 95 y 111 del organismo internacional.
Por otra parte, Rivero no descartó emprender acciones de calle y de protesta cívica para forzar una respuesta ministerial, lograr que entreguen los expedientes a la AN y ratifiquen la solicitud de avocamiento para estudiar cada caso y procesar el reenganche.
