Torturas y hacinamientos se registran en centros controlados por las FAN
En las cárceles militares, como en las civiles, existen fallas crónicas en los servicios de agua potable y una deficiente alimentación
La ONG Una Ventana a la Libertad presentó su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en los centros de reclusión de la Fuerza Armada Nacional, donde se evidenciaron torturas físicas y psicológicas, humillaciones y castigos en varias cárceles.
El informe señaló que en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es donde se evidencian más violaciones a los derechos humanos de los recluidos, además de mencionar la cotidianidad de los privados de libertad en otras estructuras bajo el cuidado de funcionarios del Ejército y de la Guardia Nacional.
La investigación estuvo a cargo del periodista Javier Ignacio Mayorca, y por el coordinador de la ONG, Carlos Nieto Palma, tomando el último trimestre de 2017, para conocer sobre las condiciones de reclusión en estos recintos.
En el informe de Una Ventana a la Libertad, se expresó que instalaciones de unidades de la Fuerza Armada Nacional (GN y Ejército) han sido habilitadas para recibir a detenidos por delitos comunes y por manifestar contra el Gobierno como la 35 Brigada de Policía Militar José de San Martín; los tres centros para procesados militares: el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde y los anexos que sirven como centros para procesados militares en oriente (La Pica, estado Monagas) y occidente (Santa Ana, estado Táchira).
En las cárceles militares, como en las civiles, existen fallas crónicas en los servicios de agua potable y una deficiente alimentación, indicó el periodista Javier Ignacio Mayorca, lo que ocasiona una carga adicional sobre los familiares de los detenidos, que se ven obligados a cubrir estas deficiencias.
Además, el informe detalló que en los tres centros para procesados militares la atención médica es inexistente.
Represión aprendida
Una Ventana a la Libertad indicó que han recibido denuncias, tanto directas como referenciales, sobre la aplicación de castigos indiscriminados y torturas en los calabozos de la Dgcim Boleíta. Desde los golpes concentrados en determinadas partes del cuerpo, la colocación de sacos en la cabeza impregnados con polvillo de bomba lacrimógena hasta la inserción de tachuelas en la parte inferior de las uñas de las manos, los métodos se multiplican con la finalidad de obtener información por medios distintos de la investigación policial.
Este sitio de reclusión cuenta con 12 celdas y una capacidad de 36 presos. En mayo del año pasado, llegaron a tener 60 detenidos. Tampoco se aplica la clasificación de presos por tipo de delito, peligrosidad o grado militar.
Las víctimas no cuentan con una estructura de verificación independiente de los daños físicos y psicológicos sufridos por ellos luego de ser sometidos a estas torturas, tal y como lo establece el Protocolo de Estambul.
Durante la investigación se pudo conocer que, en la actualidad, ese mismo componente de la Fuerza Armada evalúa una reformulación de sus tácticas, a la luz de la creciente conflictividad social ocasionada por el declive económico del país.
Si en los meses de abril a julio la represión fue justificada contra manifestantes políticamente motivados, la pregunta que gravita en la actualidad es si la respuesta militar será la misma cuando las protestas sean ocasionadas por necesidades sociales insatisfechas.
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