¿Todas las muertes en las protestas poselectorales son responsabilidad de la oposición?
En la entrevista del 1° de enero de 2024 con el periodista español Ignacio Ramonet, Nicolás Maduro dijo que todas las personas asesinadas en las protestas del 28 y 29 de julio son responsabilidad de la oposición. La afirmación es falsa y forma parte de la narrativa oficial con la que se criminaliza a la oposición por un supuesto intento de golpe de Estado
En la ya tradicional entrevista que hace el periodista Ignacio Ramonet al presidente Nicolás Maduro, y se transmite cada 1° de enero, el mandatario nacional insistió en endosar a la oposición las muertes de las protestas de los días 29 y 30 de julio, durante los cuales las fuerzas de seguridad del Estado y grupos civiles armados (colectivos) salieron a reprimir las manifestaciones callejeras tras los controvertidos resultados de los comicios presidenciales celebrados el 28 de julio, anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en los que se dio como ganador a Nicolás Maduro sobre su oponente de la Unidad, Edmundo González Urrutia.
El gobernante dijo que todas las personas asesinadas fueron víctimas de los llamados comanditos, calificados por el gobierno como grupos de delincuentes pagos o terroristas, según la narrativa oficial.
Los comanditos son grupos ciudadanos que se conformaron a petición de Vente Venezuela, organización política de la líder opositora, María Corina Machaco, para la defensa del proceso electoral.
«Todas las personas asesinadas en los hechos violentos del brote facista del 29 y 30 de julio, todas fueron víctimas de estos grupos llamados los comanditos, de estos grupos de delicuentes pagos, de estos grupos que salieron a las calles a quemar, a romper, porque pretendían una vez más, no es la primera vez, pretendían con esta guarimba de esta versión año 2024 provocar una conmoción de tal magnitud que le diera la justificación a los gringos y a sus aliados de la derecha de tratar de meter fuerza militar en Venezuela y convertir a Venezuela en un área de combate, de conflicto», dijo al periodista español.
Lo dicho por Maduro se ha repetido desde la misma semana de los acontecimientos como parte del discurso oficial que atribuye las muertes a un ataque orquestado desde la oposición tildado por las autoridades de plan subversivo.
No obstante, se trata de una matriz de opinión que desde el gobierno –y sus seguidores– se ha replicado en portales de información y cuentas en redes sociales afines a la tendencia oficialista para afectar la imagen de la oposición y acusarlos penalmente de terroristas e instigación al odio.
Del total de muertes, 28, según un balance hecho por el fiscal general el 2 de diciembre de 2024, dos corresponden a oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, de acuerdo con información del Ministerio Público difundida el 11 de agosto.
En este reporte del canal de noticias estadounidense CNN, del 30 de julio, se presentan declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y del presidente Maduro de ese día, en las que incriminan a la oposición de la violencia poselectoral. Maduro responsabilizó a Gonzalez Urrutia y a María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela y líder de la oposición, «de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción».
Rodríguez acusó a la oposición de pagar a grupos de delincuentes para crear zozobra en el país y pidió cárcel para Machado y González Urrutia.
«El gobierno ha sostenido una narrativa negacionista para minimizar las denuncias de violaciones de derechos humanos y desviar la atención de las pruebas que señalan su responsabilidad. A través de afirmaciones infundadas, tergiversaciones y desinformación, altos voceros oficialistas han intentado desacreditar los hechos documentados por organismos nacionales e internacionales», señala el portal Cazadores de Fake News en la publicación Lo que aprendimos en 2024 sobre la desinformación en Venezuela.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, señala que «no hay ni una sola denuncia que vincule estos actos criminales con muertos y heridos a grupos de seguridad del Estado. Fueron grupos terroristas previamente pagados a los que no les importó matar a mansalva», dijo.
Sin embargo, organizaciones internacionales de defensa de Derechos Humanos como Human Right Watch (HRW) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, incluyeron en su agenda las acciones violentas de los días posteriores a los comicios del 28 de julio.
El 30 de julio, Volker Türk indicó: «Estoy alarmado por los informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, además de por la violencia de individuos armados que apoyan al Gobierno, conocidos como colectivos. Varios manifestantes han resultado heridos por armas de fuego, con una muerte confirmada el 29 de julio. Más alegaciones están aún pendientes de verificación. Las personas responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas».
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Monitor de Víctimas, que hace seguimiento a crímenes violentos en el país, cifró en 24 la cantidad de muertes en el contexto de las protestas postelectorales, hasta el 21 de agosto; la gran mayoría por armas de fuego y por impactos similares. Según sus registros, entre los perpetradores hubo «colectivos», militares y policías.
«La información recabada por Monitor de Víctimas indica que los uniformados sí están involucrados. Con Ramírez Castillo son doce las personas que murieron a manos de las fuerzas del Estado en estos hechos. Diez de estos casos se le atribuyen a miembros la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): siete del Ejército, dos de la Guardia Nacional y uno mixto, en donde supuestamente participaron en un homicidio junto a policías. Otras seis víctimas de la represión postelectoral cayeron por disparos de presuntos colectivos. En cinco de las muertes no se ha podido determinar quién es el victimario», dice la publicación.
Es falso, entonces, que la oposición sea la responsable de todas las muertes del 29 y 30 de julio de 2024, como comentó Maduro a Ignacio Ramonet en la entrevista difundida el 1° de enero de 2025. El discurso forma parte de la narrativa oficial con la que se criminaliza a la oposición por un supuesto intento de golpe de Estado a través de los comanditos y así acusarla penalmente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
