Tiempo de inquisición, por Teodoro Petkoff
¡Ahora sí nos fregamos! Los grandes inquisidores del chavismo madurista están empeñados en silenciar prácticamente por la fuerza cualquier voz disidente. Al ilegítimo allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo se suman ahora las amenazas de Pedro Carreño contra María Corina Machado, cuya inmunidad también sería allanada, y las de Diosdado Cabello contra el diputado Juan Carlos Caldera.
Estamos ante una franca cacería de brujas. A María Corina se la pretende invalidar, según avisó Pedro Torquemada Carreño, porque visitó la refinería de Amuay, para ver la destrucción causada por la explosión de hace un año, que dejó 42 víctimas fatales, así como para conversar el tema con los vecinos. La «prueba» de su «terrible delito» es un volante, seguramente confeccionado por activistas políticos de la zona, considerados por los inquisidores como atentatorio contra no se sabe qué, pero en todo caso, sólo un Parlamento enloquecido por el poder podría considerarlo como delito. María Corina Machado no hizo otra cosa que lo que cualquier diputado celoso del cumplimiento de su deber tiene que hacer: investigar, comprobar, constatar, in situ, cualquier aspecto de la vida nacional que merezca su atención, por la circunstancia que sea.
La inmunidad parlamentaria fue creada, precisamente, para proteger a los parlamentarios de cualquier interferencia de los poderes públicos (y en particular de la policía) en el desempeño de sus funciones. Máxime si, como en este caso, una explosión de tal magnitud, que causó enormes daños materiales y mató a casi medio centenar de personas, no mereció del Parlamento ni el más mínimo debate y ni siquiera, aunque fuere por cubrir las formas, fue designada una comisión que investigara los hechos. Ciertamente que no fue por desidia o negligencia, sino con toda la deliberación de un grupo parlamentario, el oficialista, que se cree guapo y está muy conciente de que está apoyado.
En el caso de Caldera, la motivación para despojarlo de su inmunidad y llevarlo a juicio es igualmente traída por los cabellos; o, más exactamente, por Cabello, Diosdado. Recibió lo que parecía ser una contribución para su campaña por la Alcaldía de Sucre y resultó ser una trampa urdida por el bolimillonario Ruperti y ese pillastre de Heliodoro Quintero, su compinche. En todo caso, ¿de qué se le acusa? ¿Era dinero de la nación lo que le fue entregado, o producto de algún delito? No. Provenía de un particular, que como tantos, contribuyen con las campañas electorales de tirios y troyanos. Pero en este caso el «particular» y su cómplice, muy «éticamente», montaron la marramucia contra Caldera y el gobierno se encargó de transformarla en un caso policial. No hubo delito alguno. Y de haberlo habido, ¿por qué no se persigue a los tramposos mecenas? ¿Qué razón habría para enjuiciar a Caldera? Ninguna, pero no debe olvidarse que estamos en el país donde la jueza Afiuni, quien sin haber delinquido, permaneció presa tres años tan sólo porque le dio la gana a Chávez.
Son tiempos turbios estos. El oficialismo hace vivir a la república una suerte de mascarada inmoral, donde nadie está a salvo del inesperado zarpazo de la Inquisición chavo-madurista.
