Temen por la vida de venezolano deportado de EEUU a El Salvador tras cirugía de pulmón
El venezolano Wladimir Vera Villamizar, de 33 años, fue deportado al Cecot en El Salvador pocos días después de haber sido sometido a una cirugía en la que le extirparon el pulmón derecho
Wladimir Vera Villamizar, un soldador venezolano de 33 años, fue detenido y deportado en marzo a El Salvador después de someterse a una neumonectomía derecha de emergencia, operación en la que le extirparon completamente el pulmón derecho, informó su familia a NBC News.
Según sus allegados y el historial médico revisado por el medio estadounidense, Vera había superado una grave infección de tuberculosis que dejó cicatrices severas en su pulmón derecho.
Llegó a Estados Unidos el año pasado como solicitante de asilo con su salud deteriorada, que fue empeorando durante los meses que permaneció detenido en los centros migratorios.
En enero fue sometido a una cirugía que duró más de cinco horas. Su madre Mariela Villamizar relató que, aunque la operación fue exitosa, la recuperación no fue la esperada, ya que fue arrestado nuevamente.
En marzo, bajo una orden presidencial que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 fue deportado al Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde permanecen estrictamente incomunicados más de 200 venezolanos.
“Desde la última vez que hablé con él el 13 de marzo, no he tenido información”, declaró Villamizar. “No sé cómo está, en qué estado de salud se encuentra, cómo lo tienen retenido. Si ha recibido atención médica, o si siquiera la tienen allá en El Salvador. Simplemente, no lo sé”, agregó.
Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó a NBC News que Vera “admitió haber pasado siete años en prisión por cargos de asesinato en Venezuela” y lo acusó de ser “miembro del Tren de Aragua, una de las bandas terroristas más violentas y despiadadas del planeta”.
La madre del venezolano Vera negó estas acusaciones, señalando que la condena fue producto de una acusación falsa y descartó cualquier vinculación con esa organización criminal.
Expertos en derechos constitucionales de EEUU sostienen que los antecedentes penales no deben invalidar el derecho al debido proceso ni las garantías legales de los deportados, especialmente ante la posibilidad de ser enviados a un país tercero donde enfrentan riesgo de violaciones de derechos humanos.
Sobre la salud de Vera al momento de su deportación, McLaughlin afirmó que “gozaba de buena salud”, pero evitó ofrecer detalles sobre la atención médica que recibe actualmente en el Cecot, remitiendo esas preguntas al Departamento de Estado, que a su vez derivó la consulta nuevamente al Departamento de Seguridad Nacional.
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