Suspensión de programas de Acnur en Colombia pone en riesgo regulación de venezolanos
William Spindler, portavoz de Acnur informó que varios programas fueron suspendidos y otros sufrieron recortes financieros. “El apoyo a programas del gobierno colombiano para legalizar asentamientos informales de más de 100.000 desplazados internos se vio afectada”, indicó
La regulación de unos 500.000 venezolanos refugiados en Colombia podría verse afectada, luego de que diversos programas de asistencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en ese país fueran suspendidos.
De acuerdo con William Spindler, portavoz de la organización, varios programas fueron suspendidos y otros sufrieron recortes financieros. “El apoyo a programas del gobierno colombiano para legalizar asentamientos informales de más de 100.000 desplazados internos se vio afectada”, indicó.
En este sentido los recortes afectan las labores de estabilización, integración local y autonomía de refugiados y desplazados. Spindler recordó que Colombia tiene unos siete millones de desplazados internos, a los que hay que sumar más de 3 millones de refugiados y migrantes venezolanos; así como medio millón de retornados colombianos que habían huido de la violencia.
La organización, que tenía a Estados Unidos (EEUU) como su principal contribuyente en el continente americano, necesita 118.3 millones de dólares para continuar su trabajo este año, indicó el portavoz en una rueda de prensa.
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“Años de progresos en la protección y la integración de poblaciones desplazadas podrían perderse; y los más vulnerables, niños, mujeres y familias, pagarán el mayor precio”, advirtió.
Spindler informó que se ha tenido que detener la distribución de ayuda humanitaria (sábanas, productos higiénicos, linternas, etc) en el área de Catatumbo, donde el recrudecimiento del conflicto entre grupos armados en esa zona vecina a Venezuela ha causado el desplazamiento de unas 63.000 personas.
Al mismo tiempo, Acnur ha tenido que suspender dos programas de apoyo a más de 17.000 niños que había iniciado en 2024, “lo que pone a miles de ellos en grave peligro de ser reclutados por grupos armados o ser sometidos a otras explotaciones y abusos”, alertó Spindler.
